"El Congreso ha excedido la facultad que le otorga la Constitución de autonormarse a través de su reglamento, pues tal atribución es para materias propias de su funcionamiento, no para regular y restringir competencias constitucionales propias del presidente de la República y de los ministros de Estado", manifestó el presidente del TC, Ernesto Blume, en conferencia de prensa.
El Congreso puede negar o dar su confianza al gabinete, es decir rechazar o aprobar la política que el gabinete esté llevando a cabo.
En caso de que el Parlamento niegue su confianza, ocurre la censura del Gabinete Ministerial, el cual entra en crisis total, generándose la renuncia de todos sus ministros.
Según la Constitución, la censura de parte del Congreso hacia dos gabinetes en un mismo gobierno le da la potestad al presidente de la República de cerrar el Parlamento y convocar a elecciones legislativas dentro de los 4 meses siguientes.
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En marzo, el Congreso, a iniciativa de parlamentarios del partido opositor Fuerza Popular (fujimorista, derecha), modificó su reglamento para alterar la cuestión de confianza.
Según la norma parlamentaria, no procedería la cuestión de confianza cuando el presidente del Consejo de Ministros renuncie voluntariamente o cuando, luego de la censura hecha por el Congreso, el presidente decida incorporar a algún ministro del gabinete censurado en el nuevo Gabinete Ministerial.
Ambas modificaciones hechas por el Parlamento contravienen los artículos constitucionales referidos al empleo y modo de funcionamiento de la cuestión de confianza, por lo que el TC determinó que el Congreso está modificando una norma de rango superior a través de una de menor rango.
Además, está faltando a la autonomía de los poderes del Estado al controlar los mecanismos que dispone el Ejecutivo para establecer el equilibrio de poderes con la cuestión de confianza, entendida como un mecanismo para hacer frente a eventuales acciones obstruccionistas de parte del Congreso.
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Miembros de la bancada del partido oficialista Peruanos por el Kambio (centroderecha), demandaron la medida como inconstitucional poco después que Fuerza Popular la impulsara y promulgara.
El titular del TC confirmó que el fallo se tomó de manera unánime entre los 7 tribunos integrantes.