El extranjero detenido tiene que enfrentar ciertos añadidos punitivos que le son ajenos al nacional: cuestiones idiomáticas, alimenticias, condiciones climáticas adversas. Pero no sólo; según Ariel Cejas, procurador penitenciario adjunto de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) argentina, lo más duro son las situaciones de aislamiento social, cultural y familiar en las que los migrantes presos se encuentran.
A la separación física obligada que ocasiona el encarcelamiento, se le suman las dificultades de mantener comunicaciones telefónicas, ya sea mediante llamadas desde dentro de la cárcel o a partir de la recepción de las mismas.
#CiudadanosExtranjeros | Desde la PPN elaboramos una guía de información útil para ciudadanos extranjeros privados de su libertad. Para leerla accedé al siguiente link https://t.co/2p9BEKPTf0 pic.twitter.com/7naJO4qBOY
— PPN (@PPNArg) 21 de diciembre de 2017
Una llamada telefónica para la persona extranjera que está presa a veces es el único contacto que tiene con personas en el exterior de la cárcel, ya que generalmente no reciben visitas. "Atendiendo la mayor relevancia" que implica un llamado telefónico, la PPN ha insistido en la necesidad de garantizar el acceso a este derecho fundamental.
Los presos allí recluidos tuvieron que presentar un recurso judicial por las tarjetas telefónicas que vendían en la cantina de la cárcel. A partir de marzo de 2017 sólo se podían comprar tarjetas "Telecom" y "Telefónica", que brindan menos minutos para hablar que otras tarjetas que se vendían con anterioridad.
El juzgado exhortó a las autoridades penitenciarias a que "tomen los recaudos suficientes para que la Proveeduría de ese establecimiento carcelario tenga la cantidad necesaria de tarjetas de ‘Telefonía' o ‘Telecom' o, en su defecto, de otras marcas alternativas para ofrecer a los internos […], para que estos puedan comunicarse con personas del exterior, debiendo verificarse previamente el funcionamiento de las mismas en el ámbito carcelario", se lee en la información brindada a Sputnik por la PPN.
Además de estas demandas vinculadas al contacto familiar que los presos realizan a la PPN, el mayor cúmulo de consultas deviene de trámites de expulsión (o no expulsión) de las personas extranjeras presas; la Ley de Migraciones de Argentina estipula que las personas extranjeras que hayan cumplido la mitad de la pena sean devueltas a su país.
Así pues, durante el año 2017 la PPN realizó seguimiento de 131 trámites de expulsión ante la Dirección Nacional de Migraciones.
En el Informe Anual 2017 de la PPN (presentado en 2018), se señala que hubo 4.301 extranjeros detenidos en las cárceles provinciales y federales del país en 2017, representando el 6% de la población penitenciaria nacional.
No obstante, esa cifra aumenta a 19% si se observan sólo las cárceles del SPF. La explicación es sencilla: la mayor parte de la población penitenciaria extranjera está presa por delitos de carácter transnacional, los delitos de drogas son federales, por eso cumplen su pena allí y no en las cárceles provinciales.
También por ello predominan las condenas cortas de entre tres y seis años de prisión (66% de los casos), según información de la PPN a la que accedió Sputnik.
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Según la información estadística disponible en la página web del SPF, en agosto de 2018 había 2.730 extranjeros presos en las cárceles federales. De ellos, 2.615 provienen de América, 57 de Europa, 37 de Asia, 17 de África, tres de Oceanía, y uno de Antártida. En ese entonces, 2.343 eran hombres, 387 mujeres.
Cejas aseguró que las cifras se han mantenido mínimo desde hace ocho años aproximadamente.
Su reclusión
"El tratamiento penitenciario para los extranjeros es exactamente el mismo que para el resto de los presos, no hay ningún tipo de discriminación o diferenciación [programática]. Si en algún caso detectamos que esto no es así, obviamente que actuamos en consecuencia", dijo Cejas.
También es preciso destacar que en 2017 seis personas extranjeras fallecieron en prisión, sobre un total de 41 casos relevados por la PPN. Todos eran hombres. Dos se ahorcaron, uno de los casos fue considerado como "dudoso" en tanto no pudieron esclarecerse las circunstancias en las que se produjo la muerte. Los cuatro restantes fallecimientos fueron por enfermedades.
Al igual que todos los presos, los extranjeros sufren las violaciones a sus derechos: no todos trabajan, estudian, ni acceden a los servicios de salud.
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Por el contrario, 1.544 personas estaban realizando algún curso en educación formal: 1.019 (48%) cursan estudios primario, 415 (20%) cursan estudios secundarios y 110 (5%) estudios universitarios. A esto debe adicionarse un 16% que se encuentra realizando cursos de formación profesional u oficios.
En cuanto al acceso al trabajo, a 1.576 personas extranjeras detenidas en el SPF se les pagaba por su labor; 58% trabaja aproximadamente 160 horas mensuales.
