"Nosotros relevamos estos casos, pero no es la cantidad de casos reales, son muchos más", explicó Daroqui.
La Procuración Penitenciaria, un organismo estatal autónomo del Poder Ejecutivo y Judicial, presentó el martes el Registro Nacional de Casos de Tortura que se elabora desde hace ocho años.
La evolución de la población encarcelada en Argentina aumenta desde 2013 de manera pronunciada, lo que conduce al hacinamiento de los presos y deteriora la calidad de vida en las cárceles.
"En 2017 y 2018, la población ha crecido exponencialmente, fruto de una política de Estado que decide retener gente en la cárcel", indicó la coordinadora de la investigación.
Durante el relevamiento que realizó en las prisiones federales, la PPN detectó que la ocurrencia de las agresiones físicas por parte del personal penitenciario disminuyó en relación a otros años, pero se incrementó la violencia entre los propios reclusos.
También se individualizaron hasta 353 prácticas de aislamiento, consideradas un tipo de tortura por la Procuración.
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El Comité de la ONU contra la Tortura observó en abril de 2017 que la tortura era una "práctica recurrente" en este país sudamericano, "pero eso no ha impactado en políticas distintas en materia penitenciaria ni en el Gobierno nacional ni en el de la provincia de Buenos Aires", observó Daroqui.
En este distrito, el más importante del país por albergar al 38 por ciento de la población, "la violación de derechos humanos adentro de las cárceles es sistemática e impactante", añadió la coordinadora del informe.
Expulsión de extranjeros
La gobernación de Buenos Aires, del mismo signo político que el Ejecutivo nacional de Mauricio Macri, ha propuesto expatriar a los reclusos extranjeros una vez cumplan la mitad de su condena, de acuerdo a lo contemplado por la Ley de Migraciones.
De las 42.666 personas encarceladas en la actualidad en la provincia de Buenos Aires, los extranjeros representan menos del cinco por ciento, de acuerdo al no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales.
"El problema es que las personas extranjeras viven aquí desde hace mucho tiempo con sus familias, así que para esos casos, la expulsión es un perjuicio muy grande, además de que no sería significativa la reducción de población penitenciaria", afirmó Daroqui.
Puesto a reducir el hacinamiento en las prisiones de Buenos Aires, "lo primero que tendría que hacer el Estado es decirle al Poder Judicial que deje de tener al 60 por ciento de las personas privadas de libertad en prisión preventiva por delitos no violentos que no son graves, como el menudeo de droga", sentenció la experta.
En base a los consejos formulados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas, la investigadora propone revisar los criterios de encarcelamiento del Estado, con atención a las directrices del Poder Judicial, que es el que dicta las órdenes de prisión.
