"Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca, declaró fundado pedido de la parte civil de no aplicación del indulto humanitario en favor de Alberto Fujimori", consignó el Poder Judicial en su cuenta de la red social Twitter.
Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Nuñez Julca, declaró fundado pedido de la parte civil de no aplicación del indulto humanitario en favor de Alberto Fujimori. Lea la resolución aquí: https://t.co/64YH2SmHBg 1/2 pic.twitter.com/G7XqJJYl6u
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) October 3, 2018
El juez ordenó que las autoridades penitenciarias ubiquen y detengan al expresidente, así como designen la prisión a la que será reingresado.
El polémico indulto fue rechazado por amplios sectores de la población, y luego impugnado por los deudos de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas durante el mandato de Fujimori.
El expresidente fue condenado en 2007 a 25 años de prisión como autor mediato de los delitos de homicidio calificado en los casos de esas dos masacres, que constituyen "crímenes contra la Humanidad según el Derecho Internacional Penal", dice la resolución judicial emitida este 3 de octubre.
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Asimismo, Fujimori fue hallado culpable de lesiones graves por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario, Samuel Dyer, también cometidos durante su Gobierno.
En junio, la Corte IDH se pronunció decretando que la justicia peruana debía tomar una decisión sobre la validez del indulto, dando como plazo hasta el 29 de octubre para que se dicte sentencia sobre el caso.
La masacre de Barrios Altos fue la muerte, en 1991, de 15 personas a manos del Grupo Colina, un destacamento paramilitar dirigido por Fujimori para la lucha contra el terrorismo.
La masacre de La Cantuta fue el asesinato en 1992 de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida popularmente como La Cantuta, también a manos del Grupo Colina.
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El secuestro de Gorriti en 1992 obedeció a una investigación del periodista sobre actos de corrupción y delitos cometidos por el Gobierno de Fujimori; mientras que Dyer fue secuestrado en el mismo año por supuestas actividades terroristas.