"Ha sido evidente la determinación por parte del tribunal de desconocer la esfera política que tiene el juicio de la condición de Berta como coordinadora general del Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras)", señaló Alachan.
Para el equipo legal el tribunal ha elegido desconocer el contexto en el que se consumó el asesinato de Cáceres.
"La jueza presidenta del tribunal afirmó que ellos iban a juzgar solo lo que había pasado el 2 de marzo y la participación de las personas en el hecho ocurrido ese día", explicó la abogada.
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Días antes de ser asesinada, Cáceres realizó denuncias relacionadas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.
Entre los nueve se encuentra el expresidente ejecutivo de DESA, Roberto David Castillo, aunque el proceso contra él se lleva por separado.
La familia Cáceres no solo responsabiliza a DESA de su asesinato, sino también al Estado hondureño.
Las pruebas
El 31 de agosto se celebró la audiencia de proposición de pruebas, varias veces pospuesta debido a presuntas irregularidades.
En la audiencia no se admitieron como pruebas para el juicio informaciones relacionadas a directivos de DESA, "en este caso a cuatro integrantes de la familia Atala Zablah, dueños de la empresa, quienes, según datos telefónicos" tenían "responsabilidad y participación en la ejecución de ataques sistemáticos al Copinh y en contra de Berta", dijo la abogada.
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Esas cuatro personas habían sido propuestas como testigos, así como también varios funcionarios públicos, pero el tribunal decidió no admitirlos.
Hasta agosto, el Ministerio Público incumplió cuatro órdenes judiciales por no entregar la información solicitada en 38 pedidos por las víctimas.
Sin embargo, el tribunal tampoco admitió como prueba los peritajes realizados, "por lo que la información va a tener que ser procesada e introducida de otra forma", relató la abogada.
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A dos años y cuatro meses del asesinato de Cáceres, el Ministerio Público ni siquiera realizó los peritajes correspondientes de la información vinculada a algunos imputados, el empleado de DESA, Sergio Rodríguez, el exjefe de seguridad de la empresa, Douglas Rodríguez, y el mayor del ejército Mariano Díaz Chávez.
"Había una intención de proteger a estas personas que son las que tienen mayor responsabilidad dentro de los ocho imputados y que son de interés en perspectiva de castigo para el Copinh, para las víctimas", expresó Alachan.
"Lo que están planteándose es condenar a las personas que tienen la responsabilidad mínima para dar por satisfecha la necesidad de justicia para Berta; esto para nosotros es como una bofetada y no podemos permitir que esto suceda, necesitamos que la justicia llegue a las personas implicadas con máxima responsabilidad", añadió.
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Además, aseguró que estos son los primeros peldaños que conducen a la estructura criminal conformada por DESA que se "transformó en una asociación ilícita desde donde delinquieron, desde donde planificaron ataques sistemáticos contra el Copinh, contra líderes históricos de la organización".
"El Estado de Honduras está fallando, como en muchos casos en que sus actuaciones, a través de las instituciones, están encaminadas a garantizar la impunidad a ciertos actores", sentenció la abogada.
Medios y amenazas
La integrante del equipo legal que representa a la familia de Cáceres detalló los ataques sistemáticos e institucionales al abogado histórico del Copinh, Víctor Fernández, "a quien (están atacando) por distintos frentes de este caso y en otros que se están litigando referentes al modelo extractivo".
"Honestamente, nosotras tenemos la tranquilidad de entender que estamos expuestas a este nivel de riesgo y procuramos comprenderlo desde la tranquilidad y la serenidad para que esto no nos limite en el trabajo", contó la abogada.
Alachan considera que en Honduras "sigue habiendo una justicia selectiva" y que es "evidente la colusión que hay entre los intereses trasnacionales y el Estado de Honduras".
Además, los medios de comunicación de Honduras "no están hablando de las audiencias, de la causa", pues solo los medios alternativos cubren el caso, lo que demuestra la "capacidad de bloqueo que tiene el poder frente a la información", opinó.
El juicio oral y público contra los ocho presuntos autores materiales del asesinato comienza el próximo lunes 17 en el Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa y está previsto que se extienda un mes.
