"Hemos arrinconado al Ministerio Público para que acepten que no han hecho la debida investigación, pero aun así se nos está convocando a esta Audiencia de Proposición de Pruebas", dijeron fuentes del Copinh a esta agencia y añadieron que en estas condiciones "es muy difícil sostener un juicio y una audiencia porque no tenemos el acceso a toda la información además de que existieron un montón de irregularidades, no hay condiciones objetivas para realizar el juicio".
"Esta audiencia fue convocada hace más de seis meses pero fue suspendida porque la fiscalía no ha entregado la información que fue recogida de los allanamientos a las personas capturadas que están imputadas por el crimen", sostuvieron los activistas.
Para que las partes puedan llegar lo mejor preparadas a la instancia del juicio deben contar con el acceso a la mayor cantidad de información; sin embargo el Copinh denuncia que la Fiscalía aún no ha entregado la documentación obtenida de todos los aparatos que fueron decomisados de las casas donde estaban las personas vinculadas con el crimen.
Días antes de ser asesinada, Cáceres realizó denuncias relacionadas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.
Su familia no solo responsabiliza a la compañía DESA de su asesinato, sino también al Estado hondureño.
En esta audiencia está previsto que las distintas partes, la fiscalía, la defensa y la acusación privada, presentan todas las pruebas que se van a diligenciar en el juicio, tras discutir si cada evidencia es pertinente o no para este proceso.
El Copinh considera que esto es "una importante irregularidad y que es muy complejo que en un caso de esta magnitud no hayan analizado información que puede ser muy relevante".
Ocho personas están detenidas como presuntos autores materiales del asesinato, entre ellas dos ex viceministros, un mayor de las Fuerzas Armas y empleados de DESA, además del expresidente ejecutivo de esta empresa, Roberto David Castillo, cuyo caso se lleva por separado.
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La audiencia se realiza este viernes en la Sala de Juicios Orales de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.
Está previsto que el juicio oral y público comience el 10 de septiembre, aunque la prensa local estima que se realizará a puertas cerradas.
