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Familiares de desaparecidos en Ecuador reclaman mayor acción del Estado

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QUITO (Sputnik) — En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, los familiares de desaparecidos en Ecuador reclamaron una mayor intervención del Estado para atender los casos y anunciaron que insistirán en que se elabore una ley para la investigación y búsqueda de personas desaparecidas.

"Queremos saber por qué el Gobierno no se pronuncia y no hace nada ante esto; el Gobierno —por acción u omisión— es responsable de las personas desaparecidas y nosotros insistiremos en esto", dijo en una rueda de prensa Jazmín Montenegro, integrante de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec).

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Allí manifestó que desde hace varios años la Asociación ha pedido al legislativo "que se tipifique la desaparición forzada de particulares como un delito", pero no han sido escuchados; además, solicitan que se elabore una ley para la investigación y búsqueda de personas desaparecidas.

Sobre el último punto, hace cuatro meses presentaron un proyecto de normativa legal ante la comisión legislativa ocasional creada para tratar este tema, pero aún no ha sido abordado como quisieran.

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"La comisión está funcionando desde diciembre de 2017 y hasta ahora no hemos visto resultados; va a dejar de funcionar a finales de este año y no queremos que se vayan sin haber hecho nada", anotó Montenegro, quien desde hace tres meses busca de forma incansable a su hermana Michelle, quien desapareció en extrañas circunstancias.

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Asimismo, la Asfadec y el Comité de Lucha Contra la Violencia, Desapariciones y Feminicidios (Covidefem) denunciaron que existen inconsistencias en las estadísticas sobre registros de personas desparecidas en los reportes entregados por la Fiscalía General del Estado y por el Ministerio de Interior, Policía Nacional y Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased).

Según los datos oficiales, entre 2014 y 2017 se reportaron un total de 42.358 desapariciones, es decir, un promedio de 10.000 desapariciones por año; sin embargo, de años anteriores únicamente existen 595 casos, algo que resulta "incoherente", a decir de la vocera de la Covidefem, Vianca Gavilanes, pues la variación es demasiado amplia.

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Pero para Gavilanes la principal inconsistencia está en el desglose por fecha de desaparición y edades, pues de todos los casos existen 662 de los que no se sabe la fecha en que desapareció el ciudadano "y en más de 143 de los que no se sabe la edad exacta con la que desaparecieron".

Asimismo, en el informe oficial aparece que apenas 1.557 casos permanecen abiertos en investigación, pero "luego en el mismo reporte dicen 1.577, entonces no se entiende cuál es la cantidad de casos abiertos".

"¿Cómo el Estado ecuatoriano puede conocer la problemática si no cuenta con una cifra mínima de desaparecidos?", cuestionó Gavilanes.

Por otro lado, desde la Asociación expresaron su preocupación respecto a que la mayoría de las personas desaparecidas en el país son mujeres; específicamente 67,22 por ciento de los casos corresponde a este género.

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Asimismo, los adolescentes de entre 12 y 17 años son los más vulnerables, pues del total de casos, 24.992 corresponde a esas edades, seguido de las personas de 18 a 33 años, con 9.883 casos.

Los familiares reclaman también el hecho de que los hombres y mujeres desaparecidos "son más que estadísticas, son hombres y mujeres con sueños y metas sin realizar, son vidas que fueron truncadas por la desaparición, con familias destruidas por la pérdida de su ser", dijo Montenegro.

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La vocera anunció que este mismo 30 de agosto enviarán sus pedidos a la Asamblea Nacional y al presidente de la República, Lenín Moreno, con el fin de que ambos poderes se pronuncien al respecto.

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Para el 1 de septiembre las asociaciones han organizado una manifestación en Quito para visibilizar la problemática y reclamar al Estado acciones concretas.

El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas fue establecido en el año 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas ante el incremento de las desapariciones forzadas en todo el mundo.

Se conmemora a partir del año 2011.

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