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Dirigente opositora: atender crisis en Venezuela es única forma de frenar la diáspora

© REUTERS / Nacho DoceUn migrante venezolano venezolano
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LIMA (Sputnik) — La solución a la diáspora venezolana no pasa por dar carnés de extranjería o ayuda a los migrantes sino por resolver la "crisis humanitaria" que atraviesa el país caribeño, dijo a Sputnik la representante en Perú de la coalición opositora venezolana Mesa de Unidad Democrática (MUD), Paulina Facchin.

"Si bien dar carnés de extranjería o facilitar medicinas son medidas necesarias, y que se agradecen de parte de los países que acogen a los venezolanos, estas son paliativos, pues la solución real a la diáspora es resolver la crisis política y humanitaria en Venezuela", afirmó.

Facchin llegó a Lima en 2011, luego de desempeñarse como representante legal del periódico opositor venezolano Notitarde.

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En Perú, esta abogada de 35 años se involucró en temas relacionados con la diáspora venezolana y pasó a ser la coordinadora local de Voluntad Popular, partido del líder opositor Leopoldo López.

López fue condenado a 14 años de cárcel en Venezuela — actualmente se encuentra en prisión domiciliaria— por los hechos violentos de 2014 durante protestas contra el Gobierno, que dejaron 43 muertos y decenas de heridos.

La dirigente opositora elogió los esfuerzos de Perú para atender la llegada de sus compatriotas, así como la campaña que lleva adelante contra la administración de Nicolás Maduro.

"Perú ha sido un país pionero en implementar medidas para regularizar la situación migratoria de los venezolanos; también ha encabezado iniciativas como la creación del Grupo de Lima y la intención de llevar al Gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional", comentó.

No obstante, subrayó que la salida a la situación de su país pasa por la vía democrática y los mecanismos legales, porque el pueblo del país caribeño "busca la paz".

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"El pueblo de Venezuela clama paz (…) el pueblo venezolano quiere una solución pacífica", afirmó Facchin.

El Gobierno de Perú adoptó en las últimas semanas una serie de medidas de control para la inmigración de venezolanos.

El 17 de agosto, el Ministerio del Interior emitió un decreto por el cual desde este próximo sábado se permitirá solamente el ingreso de venezolanos que porten pasaporte, dejando de lado la validez de la cédula de identidad para fines migratorios.

Asimismo, el 19 de agosto la cartera decretó que el permiso temporal de permanencia (PTP) sólo podrán tramitarlo los venezolanos que hayan ingresado al país hasta el 31 de octubre, acortando en dos meses el límite para el trámite.

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El PTP es un documento que Lima creó en 2016 para aliviar la situación de los inmigrantes venezolanos; este documento permite legalizar la situación migratoria de una persona, así como permitirle trabajar y acceder a servicios públicos de salud y educación.

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Según cifras del superintendente de Migraciones, Eduardo Sevilla, la cantidad de venezolanos residentes en Perú asciende a 416.000, con un ingreso mínimo de 2.000 al día por la frontera con Ecuador.

"Nosotros entendemos que el Perú no es Canadá, que está buscando poblar su país, sino que es un país con necesidades al igual que Colombia o Ecuador", dice Facchin, quien insiste en que la salida a la crisis de Venezuela se dé "por los tratados y mecanismos que todos los países hemos creado y concertado".

Venezuela atraviesa una crisis política y económica marcada por escasez de productos esenciales y elevada inflación, lo que ha derivado en la emigración de miles de ciudadanos.

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El Gobierno de Nicolás Maduro responsabiliza a la oposición por la tensión política y asegura que es víctima de una "guerra económica" orquestada por sectores adversos tanto locales como externos.

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El mandatario venezolano sostiene que los sectores productivos del país se han aliado para incrementar el costo de la vida y generar malestar en la población, como parte de un manual de ataque no convencional de Washington para desestabilizar al Gobierno.

Frente a esto, su Gobierno comenzó el 20 de agosto a implementar el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, con el cual espera controlar los precios, mejorar los salarios y bajar la hiperinflación, entre otros aspectos. 

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