"Solicité reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA para tratar crisis migratoria de Venezuela", indicó Almagro, a través de la red social Twitter.
Solicité reunión urgente del Consejo Permanente de la @OEA_oficial para tratar crisis migratoria de #Venezuela #OEAconVzla pic.twitter.com/mMo7rgBTey
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) August 20, 2018
En una carta dirigida a la presidenta del Consejo Permanente, Rita Hernández Bolaños, Almagro solicita que la reunión se haga en un plazo de dos semanas.
Esto se debe, a su entender, a que "por las condiciones del Gobierno dictatorial que sufre Venezuela y su completa disociación de los problemas de su gente, el mismo está mostrando su incapacidad absoluta para asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de la mayor parte de su población".
Almagro reconoce en la carta los esfuerzos de "casi todos los países del continente y algunos de Europa para recibir venezolanos y atender sus necesidades".
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Debido al aumento de la llegada de inmigrantes de Venezuela, Ecuador comenzó a pedir pasaporte desde el 18 de agosto a las personas de esa nacionalidad que lleguen al país y lo mismo hará Perú desde el 25 de este mes.
Por su parte, el Gobierno del estado brasileño de Roraima (norte) pidió este 20 de agosto al Tribunal Supremo Federal que actúe para impedir la entrada en territorio nacional de inmigrantes venezolanos con antecedentes penales.
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El 19 de agosto, el presidente brasileño Michel Temer se reunió de urgencia con varios ministros y acordó varias medidas extraordinarias, entre ellas el envío a Roraima de 120 hombres de la Fuerza Nacional (un cuerpo para situaciones de emergencia que no tiene relación con las Fuerzas Armadas).
El Gobierno de Venezuela comenzó este 20 de agosto a implementar el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica con el cual espera mejorar los salarios, bajar la hiperinflación que vive el país, entre otros aspectos.
Investigación de los los "crímenes de lesa humanidad"
Luis Almagro dijo este 20 de agosto que la Corte Penal Internacional (CPI) tiene que investigar los "crímenes de lesa humanidad" ocurridos en Venezuela.
"En Venezuela el régimen ha matado a manifestantes y a opositores. Sigue torturando, deteniendo y violando como lo documenta el informe de la OEA. El compromiso que adquirimos de un continente sin crímenes de lesa humanidad hace que llevar a los dictadores a la CPI sea un imperativo ético", escribió el secretario general de la OEA en su cuenta de la red social Twitter.
In #Venezuela, regime has killed demonstrators and opposition members, and continues to torture, detain & violate rights as documented in @OAS_official report. Commitment we've made to a hemisphere free of crimes vs humanity makes taking dictators to the ICC an ethical imperative https://t.co/opQELQcTli
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) August 20, 2018
Los planteos de Almagro van en sintonía con lo expresado por el presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien propuso pedirle a la CPI que investigue a Venezuela.
"No cabe ninguna duda que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos, atropellando a la oposición y a los ciudadanos en general. Se ha perdido el valor de la vida", indicó el mandatario durante una entrevista transmitida el domingo por la cadena estadounidense de televisión, CNN.
Macri aseguró que la petición contará con el apoyo de Colombia, Chile y Paraguay; además sostuvo que "es poco probable que el atentado contra [el presidente de Venezuela, Nicolás] Maduro haya sido en serio", en referencia al supuesto ataque con drones contra el jefe de Estado venezolano ocurrido el 4 de este mes mientras daba un discurso por el 81 aniversario de la Guardia Nacional, en Caracas.
El informe acusa a directamente al presidente Maduro y a los responsables de su ejército de actuar contra la oposición y de tratarla como un "enemigo interno", y recomienda a los países miembros de la OEA denunciar estos hechos "para acabar con la impunidad" de "la peor crisis humanitaria del continente".
Por su parte, el Gobierno venezolano dijo que el documento carece de valor jurídico pues emana de una autoridad usurpada y lo calificó como una "grotesca farsa mediática".