En particular, se trata del nuevo proyecto de ley para la Defensa de las Elecciones de Amenazas a través de la Imposición de Líneas Rojas (DETER, por sus siglas en inglés), propuesta por el senador republicano Marco Rubio y el demócrata Chris Van Hollen. De acuerdo con esta ley, en caso de que la Inteligencia estadounidense determine que Rusia intervino en las nuevas elecciones, se aplicará automáticamente un nuevo paquete de sanciones.
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No obstante, el vicepresidente de Consejo Nacional de Comercio Exterior de EEUU (NFTC, por sus siglas en inglés), Richard Sawaya, está convencido de que las consecuencias para la industria estadounidense serán mucho más graves que para las compañías rusas. En su columna para el medio The Hill, el experto explicó su posición.
"En caso de que se apruebe y se implemente [la ley DETER], las sanciones que contiene dañarían la economía estadounidense y los intereses legítimos de los aliados de EEUU, mientras que Rusia saldría ilesa", afirma.
Así, el daño autoinfligido eclipsaría el perjuicio ocasionado a las empresas rusas, explica el experto. En Rusia no notarían una gran diferencia en comparación con las actuales sanciones mientras que las compañías estadounidenses se verían forzadas a abandonar una cantidad de proyectos con considerables pérdidas económicas, señala.
La nueva ley prevé que las sanciones sean dirigidas a casi cualquier compañía rusa con participación estatal y encima de ello bajaría el "límite inferior" de esta participación en comparación con las sanciones anteriores.
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Mientras tanto, el hecho de que las compañías estadounidenses se vean obligadas a abandonar los proyectos que se lleven a cabo en Rusia, o con socios rusos, tendrá unas graves repercusiones, afirma el experto en su artículo.
"Ello significa que una compañía rusa que compre acciones en un proyecto en cualquier parte del mundo simplemente echará afuera a las compañías estadounidenses", comenta Sawaya.
Por esta razón el experto está convencido de que en lugar de ayudar a la industria de EEUU, las nuevas sanciones les darían a las empresas energéticas rusas un mayor control sobre proyectos internacionales y les daría más influencia política.
Así, las compañías petroleras de EEUU se quedarían fuera de juego mientras que sus homólogas rusas llevarían la exploración y explotación de las regiones petrolíferas más importantes del mundo, afirma Sawaya.
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De hecho, incluso los proyectos críticos apoyados por EEUU para reducir el dominio energético de Rusia en la UE estarían en peligro. Por ejemplo, el gasoducto transadriático sería objeto de estas sanciones, puesto que una compañía rusa es un accionario minoritario en el proyecto.
En lugar de atenuar las sanciones propuestas, los senadores Lindsey Graham y Bob Menendez propusieron un proyecto de ley que impondría unas medidas aún más duras. Una de ellas sería prohibir a las compañías energéticas estadounidenses participar en cualquier proyecto si una empresa rusa "está involucrada del modo que sea".
"Si una compañía rusa tiene el 1% de las acciones de las tuberías que apoyan un yacimiento de petróleo en Brasil, las empresas de EEUU se verían obligadas a salir del proyecto, regalándoles a los rusos la oportunidad de compra del siglo", comenta Sawaya.
Para que las sanciones sean efectivas, el daño colateral para las empresas estadounidenses no debe eclipsar la presión que se pretende ejercer sobre Rusia, concluye el experto.
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