"Él fue el que creó ese comité interinstitucional [de investigación sobre la muerte] y tiene que rendir cuentas al país y decir por qué razón hizo el comité y luego recibe los productos, o recibe el informe final, y no fue capaz de entregarlo a la familia", dijo este 3 de agosto a periodistas, Patricia Ochoa, viuda del asesinado.
Gabela fue cesado de su cargo en 2008 luego de ser crítico ante la posible compra de siete helicópteros Dhruv a una empresa india.
Si bien el Gobierno ecuatoriano declaró en su momento que fue víctima de la delincuencia común, la familia no creyó en esa versión y denunció que fue por la negativa hacia la compra de los helicópteros.
A decir de Ochoa, si Correa "quiere aportar y no tiene nada que esconder, ni nada que tapar, dará la cara al país y a la familia del general Gabela".
El exgobernante reside desde hace más de un año en Bélgica y su comparecencia tendría que darse por medios telemáticos, pues Correa ha señalado que no planea retornar al país, sobre todo mientras se mantenga la orden de prisión preventiva que pesa en su contra por la vinculación al secuestro del político opositor Fernando Balda.
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Al momento la fiscalía y el legislativo recogen versiones relacionadas con el caso Gabela y la desaparición del último informe realizado por el perito argentino Roberto Meza en el que constaban las conclusiones del asesinato y del que ahora nadie da razón.
De su lado, el perito Meza ha sugerido que se rehaga la investigación, lo mismo ha pedido la familia del exgeneral.
El experto argentino ha afirmado que debido a que el contrato que firmó con el Estado ecuatoriano contenía severas cláusulas de propiedad intelectual él no cuenta con ningún respaldo del texto que elaboró en 2013.
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Según las conclusiones que reposaban en el documento original, Gabela habría sido asesinado por oponerse a que el Estado adquiriera siete aviones indios Dhruv, pues consideraba que serían inservibles al país, algo que se comprobó cuando cuatro de ellos se accidentaron y tres no se pudieron volver a usar.
Por ello, en 2012 Correa ordenó la conformación de un comité interinstitucional para que investigue a profundidad el caso, lo que derivó en la contratación de Meza para la elaboración de los informes periciales bajo la categoría de reservado.
El caso Gabela volvió a la palestra pública luego de que el presidente Lenín Moreno ordenara desclasificar la información relacionada con este y otros casos, entre ellos también el secuestro de Balda.
