Es posible, sí. Al menos es lo que se desprende de la declaración ante los jueces del exministro de Relaciones Exteriores del Estado francés, Laurent Fabius. El otrora jefe de la diplomacia de François Hollande ha comparecido ante los magistrados que investigan los supuestos acuerdos alcanzados entre la empresa cementera francesa Lafarge y el autodenominado Estado Islámico (EI) en Siria. Fabius ha rechazado "categóricamente" haber estado al corriente de un "contrato" de 13 millones de dólares, por el que la empresa acordó con los yihadistas seguir trabajando en plena guerra internacional contra Daesh.
Un tribunal en Francia acusa a la compañía Lafarge de financiar el terrorismo en Siria https://t.co/X9BeUdcauG
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 28 июня 2018 г.
Lafarge se instaló en Jabaliya, a 87 kilómetros de Al Raqa, en 2010, unos meses antes del inicio del conflicto. Su inversión se cifró en 700 millones de dólares y sus directivos vieron cómo su proyecto podía irse al traste a causa de la guerra. Otras empresas francesas, como la petrolera Total, abandonaron el país. Según "pruebas graves y concordantes", dicen los jueces, la cementera puede haber incurrido en "complicidad en crímenes contra la humanidad" por "financiación de empresa terrorista".
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Con los europeos expatriados por razones de seguridad, los asalariados sirios se vieron envueltos en situaciones dramáticas antes del acuerdo. Hubo varios secuestros que se solucionaron con pagos. Un obrero fue asesinado y a otro se le da por desaparecido.
Las declaraciones de Laurent Fabius, una de las figuras políticas de más renombre en Francia (fue el más joven primer ministro francés cuando François Mitterrand le nombró para ese cargo en 1984), se contradicen con los cables intercambiados entre su Ministerio y el responsable de seguridad de Lafarge.
"No bombardeen Lafarge"
El entonces embajador francés para Siria (se encontraba en París, pues Hollande había decidido romper relaciones diplomáticas con Damasco), Frank Gellet, juzgaba "legítima" la petición a Estados Unidos en un mail a sus superiores. Difícil de imaginar, dadas las circunstancias y lo sensible del asunto, que el responsable número uno del Ministerio no se enterara de nada.
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Veillard asegura también que estaba en contacto permanente con los servicios de inteligencia de su país: la DGSE (Seguridad Exterior), la DGSI (Seguridad interior) y la inteligencia militar (DRM).
El caso toma un carácter grotesco, a pesar de la gravedad, cuando la fábrica cae en manos de las fuerzas kurdas, a finales de 2014, que pretenden apropiársela. Para lograr un acuerdo con los nuevos amos del área, París concede un visado sanitario a uno de los jefes militares kurdos herido en combate.
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Hoy presidente del Consejo Constitucional, Laurent Fabius debe hacer frente a las pesquisas judiciales que, si demuestran su conocimiento de los hechos, podrían suponerle una condena grave y el máximo ridículo para la diplomacia francesa. Y si no estaba al corriente, como asegura, pasaría a la historia por ser un auténtico incompetente. Un 'sacrificio' para salvaguardar la honorabilidad del Estado.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK