Los negocios del barrio se quejan de que son visitados mensualmente por las furgonetas del servicio de inmigración, a menudo sin orden judicial y de que la policía irrumpe en sus comercios. Así que el 24 de julio protestarán ante el Ministerio del Interior.
"Desde el Ministerio de Exteriores de China han llamado la atención [a ciertos países] en más de una ocasión pidiendo que se respete el derecho de los chinos que viven y trabajan en el extranjero para que se garantice su seguridad. En 2016, en París, durante una manifestación, unos desconocidos atacaron a unos chinos y uno de ellos murió", explica a Sputnik Andréi Karneev, vicerrector del Instituto de los Países de Asia y África de Moscú.
"Cuando ven que se les está discriminando o que se les trata de forma injusta, los chinos tienen derecho a denunciarlo en los órganos competentes del país", advierte Mian, quien añade, además, que el Gobierno chino puede tomar cartas en el asunto dependiendo de si los afectados son o no ciudadanos de China. "Si lo son, el Gobierno hace uso de los canales diplomáticos para tomar medidas", explica. "Si no son ciudadanos chinos —es decir, si solo son de etnia china— al Gobierno le es muy difícil inmiscuirse".
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