"Hay dos momentos este rato, en el primero tiene que convocarse a la audiencia para conocer la apelación que he presentado con relación a la prisión preventiva, entiendo que entre hoy y mañana los jueces fijarán la audiencia y ahí trataran este tema", señaló el abogado defensor de Correa, Caupolicán Ochoa, en una rueda de prensa transmitida en vivo desde Cuenca (sur).
El otro proceso pendiente tiene que ver con la finalización de la instrucción fiscal que concluye este miércoles 18 de julio, luego de lo cual vendrá la audiencia preparatoria a juicio, en la que se conocerá si Correa, y otros vinculados al caso, serán o no procesados por el presunto delito.
"Yo esperaría que en esa audiencia, al ver que no existen elementos serios de la Fiscalía, se declare el sobreseimiento (para Correa), eso sería lo pertinente, lo que en derecho corresponde", anotó el abogado.
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De paso, mencionó habló de "irregularidades" detectadas en el proceso y que tienen que ver con que, por ejemplo, Balda presentó su primera demanda en 2013 y "no se vuelve a acordar de su denuncia hasta 2015, cuando vuelve a insistir en la misma".
Asimismo, Ochoa afirmó que en la querella de 2013, el político no incluye al exmandatario, "ni siquiera en la segunda (demanda) que hace en 2015".
"El señor Balda hasta finales de 2017 no había reconocido su denuncia, era un trámite que estaba en el limbo, solo observando esto nos damos cuenta de cómo se fueron organizando las cosas para en el momento político oportuno orientarlo contra el señor Correa", declaró el defensor.
La justicia nacional vinculó al exjefe de Estado al secuestro de Balda luego de que exfuncionarios señalaran en sus versiones que la orden de raptar al político vino desde Carondelet (palacio de Gobierno) y del propio Correa.
Tras incumplir la orden judicial que le ordenaba al expresidente presentarse ante la justicia nacional cada 15 días, la magistrada Daniella Camacho emitió una orden de prisión preventiva en su contra con el fin de avanzar en las investigaciones.
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El exlegislador opositor se refugiaba en ese momento en territorio colombiano después de que la justicia de Ecuador emitiera contra él una orden de prisión por atentar contra la seguridad interna del Estado luego de que denunciara que en el Gobierno de Correa se ejecutaban acciones de espionaje en contra de opositores y periodistas.
