Las elecciones del 1 de julio en México son las mayores que se han registrado en la historia del país, según las autoridades. Más de 89 millones de mexicanos están llamados al voto para elegir 18.311 cargos a nivel federal, estatal y municipal en todo el país: desde el presidente de la República hasta regidores locales, pasando por todos los miembros del Congreso de la Unión.
Según explicó a Sputnik Armando Chaguaceda, politólogo y profesor de la Universidad de Guanajuato, esta "campaña sangrienta" no es fruto de una represión de Estado, sino que es generada por "la imbricación del crimen organizado con la política a nivel local y regional".
De los cargos en juego, 629 son federales —la presidencia, 500 diputaciones y 128 senadurías—, mientras que 17.682 son locales, e incluyen gobernadores y diputados estatales, alcaldes, síndicos y regidores.
México cerró 2017 como el año más violento de su historia contemporánea, con más de 29.000 homicidios en apenas 12 meses. Las cifras de lo que va de 2018 no son muy alentadoras: en mayo, las denuncias de asesinato repuntaron y en lo que va del año, se registraron unas 17.868 denuncias por homicidio.
Según el profesor de la Universidad de Guanajuato, es "importante" tener en cuenta que en esta "ola de violencia y crisis de derechos humanos" no existe una represión de las fuerzas estatales por motivos ideológicos, sino por un Estado "capturado por el crimen organizado, coludido sobre todo con actores políticos locales y regionales".
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Para explicar este fenómeno, el politólogo citó a Andreas Schedler, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, quien propone que en México se lleva adelante "una nueva guerra civil". La violencia de esta contienda no se da entre "bandos con distintos programas ideológicos", sino desde el crimen organizado "contra la población, depredando el Estado y el territorio", ilustró Chaguaceda.
"En México, para todo efecto práctico, lo que tenemos es una criminalización de la política. El crimen se imbrica al punto que a los alcaldes se los extorsiona con la asignación de obras y el presupuesto que se les asigna tienen que dirigirlo al crimen organizado", ejemplificó el experto.