El proyecto promovido por el presidente Enrique Peña Nieto, que ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados y es analizado en el Senado, pretende pasar "por encima de las advertencias y propuestas que han hecho sociedad civil organizada, la academia y organismos nacionales e internacionales", afirman las organizaciones.
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La ley que autorizaría el despliegue de militares en tareas de seguridad pública "es un homenaje a una estrategia que ha dejado miles de muertos y familias destruidas", desde que las fuerzas armadas fueron lanzadas en 2006 a una guerra abierta contra el narcotráfico.
"Once años de guerra son demasiados", puntualiza el documento.
Como parte de la campaña, casi 25.000 personas han enviado más de 2,9 millones de correos electrónicos a los senadores, pidiendo responsabilidad para no legalizar esa estrategia militar de seguridad pública.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todos los organismos defensores de víctimas de abuso del uso de la fuerza en el país exigen al Estado que rechace el proyecto de ley.
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Peña Nieto y el oficialismo afirman que los militares son necesarios en tareas de seguridad pública, por la falta de capacidad de las fuerzas policiales para hacer frente al poder del crimen organizado.