Ni las elecciones que ganó Vicente Fox en el 2000, cuando por primera vez en 71 años fue derrotado el Partido Revolucionario Institucional (PRI, gobernante); ni las que perdió Andrés Manuel López Obrador por 0,56 puntos en 2006, agitadas por enardecidas protestas callejeras en denuncia de fraude; ni menos las que ganó Enrique Peña Nieto en 2012, para traer de regreso al PRI a la presidencia, con seis puntos de ventaja, fueron jamás blanco de la violencia política.
Esta vez las autoridades electorales tuvieron que aceptarlo: la elección está amenazada por la violencia política del narco.
El pasado mes de mayo fue el más violento de la historia del país, admitió el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 2.890 víctimas de homicidio en 31 días, es decir la brutal cifra de 93 asesinatos diarios.
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En enero de 2018 la cifra ya había sido de 2.550 asesinatos, después de que el año 2017 fue bautizado como "el más violento del México moderno", con 25.339 homicidios, cerca de los niveles de Venezuela que sufrió 26.616 asesinatos, aunque con la cuarta parte de la población de México.
Las organizaciones criminales buscan por primera vez, de forma descarada, incidir en los comicios, como nunca antes lo habían hecho.
La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPIF), Janine Otálora Malassis, dejó atónitos a los líderes políticos y periodistas que asistían a la firma de un convenio el viernes, para exigir protección para los candidatos y condenar la violencia política que pone en riesgo "el ideal democrático".
Por primera vez en la historia reciente, un titular de tribunal que dirimirá la legalidad del proceso expresó que "es doloroso lamentablemente el signo que está marcando el actual proceso electoral es el de la violencia".
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La magistrada no edulcoró el lenguaje para atenuar la amenaza: "manos criminales están actuando de manera premeditada y deleznable para decidir, por la vía de la violencia, quiénes deben o no deben estar en la boleta electoral" de los comicios del 1 de julio, advirtió Otálora Malassis.
Miedo en ascenso
Cuando el presidente Peña Nieto llegó a la presidencia en diciembre de 2012, la tendencia mostró revertirse a la baja, desde que su antecesor Felipe Calderón declaró la guerra abierta contra el narcotráfico.
Los homicidios se clasifican en México como "culposos y dolosos", y en este segundo rubro, en lo que va de enero a mayo de 2018, han sido cometidos 9.345 asesinatos con armas de fuego, el periodo de enero a mayo con más casos de ese tipo en las últimas décadas en el país latinoamericano.
Según las mismas cifras oficiales, es un aumento de 124% en los primeros cinco meses de este año comparado con los mismos de 2015, y 25% superior al año pasado, que ya era en un récord en 15 años de esas estadísticas.
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También las cantidades de víctimas de lesiones dolosas crecieron: en efecto, en enero se cometieron 11.448 lesiones dolosas, la gran mayoría con armas de fuego; en febrero fueron 11.674; en marzo, 13.674; en abril 13.313, y en mayo 14.794.
La violencia también tiene focos rojos: el colonial Guanajuato, en el centro del país, sufrió 1.302 casos en los primeros cinco meses de 2018; el turístico Baja California, en las costas del Pacífico norte, 1.210 casos; el montañoso Guerrero, también recostado en esas costas donde se localiza el puerto de Acapulco, 1.099 casos.
Pero también el céntrico Estado de México, que rodea la capital, ha llegado al cuarto lugar, con 1.012 homicidios dolosos, y la capital debutó la semana pasada con dos cuerpos descuartizados en la Avenida Insurgentes que atraviesa la Ciudad de México.
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Otras provincias que son escenarios de la violencia son: Jalisco, 857 asesinatos dolosos en cinco meses del año; Chihuahua, 801 homicidios; Veracruz, con 696; Michoacán, con 623; la Ciudad de México, con 550; Puebla, con 530; Tamaulipas con 527; Oaxaca con 518; y Sinaloa con 449 asesinatos.
El 14 de junio, la campaña del candidato presidencial Ricardo Anaya, condenó el asesinato de un correligionario postulante a alcalde en Michoacán (centro), cuando su portavoz Rubén Aguilar dijo a Sputnik: "Condenamos enérgicamente el asesinato de nuestro compañero Alejandro Chávez Zavala en Taretan, Michoacán; los asesinatos deben parar; exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales que ponga fin a los asesinatos".
Desde el comienzo de la campaña en septiembre de 2017 "van 148 políticos asesinados; de ellos 40 eran candidatos; son crímenes que atentan contra el proceso electoral y la democracia", puntualizó Aguilar.
Esas cifras que ofreció el portavoz a esta agencia, son las estadísticas de violencia política más altas conocidas hasta la fecha.
