"Prensa de siempre dice que Asamblea dio 'luz verde' a mi enjuiciamiento. Falso. Asamblea no puede calificar petición del juez, peor por simple mayoría, resolución de ayer [el 14 de junio] no es autorización que pidió el juez y que requiere la Constitución. Están destrozando Estado de Derecho", publicó Correa en la red social Twitter.
Prensa de siempre dice que Asamblea dio “luz verde” a mi enjuiciamiento.Falso.
— Rafael Correa (@MashiRafael) 15 июня 2018 г.
Asamblea NO PUEDE CALIFICAR petición del juez, peor por simple mayoría.
Resolución de ayer NO es autorización que pidió el juez y que requiere la Constitución.
Están destrozando Estado de Derecho.
El parlamento ecuatoriano decidió el 14 de junio declarar improcedente el pedido que hizo la jueza nacional Daniela Camacho de que se autorice o no el enjuiciamiento penal del expresidente, indica el medio local La Hora.
El secuestro del exasambleísta Fernando Balda se perpetró el 13 de agosto de 2012, en Bogotá.
Balda residía en Colombia porque en Ecuador tenía una sentencia de dos años de prisión por calumnias en contra de Correa, publicó el diario local El Comercio.
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El 11 de junio, los medios ecuatorianos informaron que la Fiscalía General del Estado de Ecuador pedirá que se vincule a Correa en la investigación sobre el secuestro de Balda.
La investigación establece que los recursos habrían sido aprobados por Correa, entonces presidente de la República.
Balda, exdiputado del Partido Sociedad Patriótica, opositor al Gobierno de Correa, denunció que cinco hombres lo introdujeron a la fuerza dentro de un automóvil y tras verse perseguidos por la policía lo arrojaron fuera del vehículo en marcha.
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Asimismo, el fiscal indicó que del secuestro participaron agentes del Estado.
En enero de 2018 el fiscal general Carlos Baca ordenó una nueva investigación y el 18 de marzo fueron detenidos tres agentes de la inteligencia ecuatoriana, quienes podrían recibir hasta siete años de prisión, según el diario El Universo.
La hipótesis del Ministerio Público es que el secuestro fue efectivamente ejecutado por colombianos, pero planificado desde el Gobierno ecuatoriano, motivo por el cual se solicitó la vinculación de Correa.
