El Estado "tiene la potestad de investigar" a personas con "historial penal o casos penales abiertos", pero los ciudadanos y las diferentes organizaciones sociales que han sido investigados "no tienen una causa penal abierta, no tienen ningún tipo de incidencia directa y no están incurriendo en ninguna actividad ilegal", dijoa Sputnik el vocero de la plataforma, Alejandro Camacho.

La Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) habría indagado a sus integrantes y seguido cada uno de los movimientos durante la recolección de firmas que llevaron adelante para lograr una la consulta popular, iniciativa luego negada por el Consejo Nacional Electoral, según el portal Ecuador Transparente, una coalición de medios de comunicación investigativos.
Por ello, en 2015 Yasunidos presentó una denuncia ante la fiscalía contra el titular de la Senain, Rommy Vallejo, por supuesta violación a la intimidad cometida contra los integrantes del colectivo.
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El pasado 10 de noviembre, Vallejo debía asistir a rendir su versión, pero no se presentó y solicitó al fiscal una nueva fecha para la diligencia.
Una de las integrantes afectadas de Yasunidos, Antonela Calle, señaló que la Senain conocía "los roles y los cargos que teníamos dentro de la organización, como si fuéramos delincuentes, cuando no ha habido ningún proceso penal en nuestra contra".
En Ecuador Transparente se encuentran documentos y detalles de las investigaciones que la Senain realizaba a varios políticos y activistas y que hasta ahora no han sido explicados por funcionarios del expresidente Correa.
Usuarios Libres Ecuador busca que se hagan públicas las razones "por las cuales se está investigando a ciudadanos y a personas", e insiste en que en el caso de Yasunidos "eran personas que únicamente estaban defendiendo el ambiente".
Vallejo ha negado estas acusaciones.
"Es irresponsable hacer este tipo de aseveraciones", pues el artículo 22 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado "prohíbe a todo organismo de inteligencia, la obtención de información, inteligencia o almacenamiento de datos sobre personas, por su posición política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales o sindicales", dijo Vallejo en una entrevista con diario El Comercio.
La polémica se avivó luego de que el presidente Lenín Moreno revelara el pasado 15 de septiembre que encontró en su despacho una cámara de video que, aparentemente, lo vigilaba y de la cual no había sido informado su servicio de protección presidencial.
Aunque Moreno denunció el hecho ante la fiscalía, esta no ha proporcionado mayores detalles del tema hasta el momento.
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Por eso Usuarios Libres Ecuador reclama conocer cómo se han invertido los recursos estatales en el trabajo de espionaje, pues "estos programas los contratan los gobiernos que no tienen la posibilidad de generar su propio espionaje y, por ejemplo, el programa Pegasus usado en México está entre 80 y 120 millones de dólares, es decir, este es un rubro que no se ha hecho público", dijo Camacho.
Camacho dijo que su grupo iniciará una serie de capacitaciones en diferentes universidades del país para que los estudiantes conozcan sus derechos digitales, y también impulsará una reforma a la Ley de Comunicación para que se tomen "medidas claras en cuanto a la intimidad y al derecho a la privacidad".
El activista aclaró que su interés no es quitar el derecho que tiene el Estado de mantener su sistema de inteligencia, "pero sí queremos saber por qué se iniciaron investigaciones contra organizaciones que nada tienen que ver con acciones delictivas".
Usuarios Libres Ecuador está conformada por profesionales de varias ramas interesados en defender y difundir los derechos digitales de los ciudadanos.