En los últimos días, Brasil ha sido escenario de fuertes movilizaciones sociales. La huelga nacional de camioneros llevó al país al borde del desabastecimiento. El sector energético se vio perturbado por un paro decretado por los trabajadores petroleros. Pero en varios estados también la educación está en conflicto, por las restricciones presupuestarias mandatadas por el Gobierno.
A nivel nacional, explicó la también miembro de la ejecutiva nacional de la central sindical CSP-Conlutas, existe una ley que fija un piso salarial para maestros y profesores. Pará no respeta dicha norma, a pesar de contar con fallos del Poder Judicial estatal y federal, y paga a los profesores el mismo dinero desde 2015. Eso significa 1.927 reales (517 dólares), netamente inferior al valor actual de 2.455 reales (658 dólares) para 2018.
Más allá de los reclamos salariales, los profesores exigen un estatuto de carrera unificado y un fin a la precariedad laboral, así como mejores condiciones para que alumnos y trabajadores puedan llevar a cabo sus tareas.
En muchos casos, las escuelas "tienen sus estructuras comprometidas", aseguró Silvia Letícia. "Faltan sillas, no hay agua potable ni iluminación eléctrica", aseveró la representante de los docentes. Los centros también son víctimas de la criminalidad, "con asaltos recurrentes a causa de la falta de cuidado" de las condiciones edilicias.
Esto, afirmó la sindicalista, llevó a "fortalecer la huelga" y recibir el apoyo de padres y alumnos. Al día de hoy, varios centros están ocupados por estudiantes, que exigen una reforma del sistema y un cuidado de las instalaciones de los centros.
El intento de privatizar la gestión educativa se intentó a través de las participaciones público-privadas, un modelo similar al que existe en países como EEUU. Los sindicatos no dieron el brazo a torcer y las autoridades no lograron llevar esto adelante, pero la implementación de la educación por computador es una manera de intentar transferir fondos al sector privado, indicó la dirigente.
Desde el Gobierno de Pará se aduce la falta de fondos. Sin embargo, varios sectores de la sociedad denuncian las amplias exenciones de miles de millones de reales que se dan a las industrias extractivistas como la minería de bauxita o las hidroeléctricas, que obtienen amplios beneficios de sus actividades.
Aún así, Silvia Letícia recordó que el Estado es el segundo en términos de violencia y es donde se ubica Altamira, la ciudad más violenta del país si se tiene en cuenta la tasa de homicidios. Para peor, es la región que más feminicidios presenta en todo el país. Solo el 2% de la población tiene acceso al saneamiento.
En materia de educación, las evaluaciones externas arrojan resultados preocupantes: "En el nivel medio secundario tenemos el peor índice en lengua portuguesa". Sin embargo, Pará es la economía más importante del Norte de Brasil.
La sindicalista subrayó que las medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno federal se reflejan en lo que sucede en el seno del Estado. Son los mismos partidos que "aplican el ajuste fiscal, que penaliza los derechos".
Los docentes no están solos, dijo Silvia Letícia. Los profesores han apoyado las protestas de los camioneros, que "también alzaron la bandera del Fora Temer" para exigir la renuncia del presidente.
"El Gobierno se fragilizó a causa de las luchas. De la Policía Militar, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Universidad del Estado, de la educación básica, de los tribunales electorales. Los trabajadores del Departamento de Tránsito llevan 22 días en movilización enfrentando el ajuste fiscal implementado por el Gobierno estatal", indicó.
