"Lo que tenemos aquí es una democracia muy fingida, esto es una mentira, tenemos una dictadura disfrazada de democracia; en pleno siglo XXI tan solo aquí en Salvador (noreste de Brasil) hay ocho personas desparecidas, eso no es un Estado Democrático de Derecho", criticó esta madre, cuyo hijo, Davi Fiúza, desapareció en octubre de 2014 a manos de un grupo de hombres que según ella y diversos testigos eran policías.
En Brasil se estima que hubo 379 muertos y desaparecidos durante el régimen militar, según el recuento conjunto del Centro de Documentación Eremias Delizoicov y la Comisión de los Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos.
Esta cifra tomó relevancia el 30 de agosto al conmemorarse el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzosas.
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En Brasil, el establecimiento de la Comisión Nacional de la Verdad (que investigó los crímenes de la dictadura) y diversos cambios en el Código Penal ayudaron, sobre el papel, a adaptar el rol del Estado a las nuevas exigencias sociales y a las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque la realidad a pie de calle es bien distinta.
"Mi hijo salió a comprar pan por la mañana, sobre las 7 estaban haciendo una batida policial, 19 soldados se estaban formando ese día; Davi estaba hablando con una vecina y de repente le abordaron sin motivo aparente", explica su madre, quien añade: "Davi no tenía armas, no era bandido, pero ellos buscaban a otra persona y como no la encontraron se lo llevaron a él sin ningún aviso".
Rute recuerda cómo al principio no le dio importancia, pensó que le soltarían en breve, pero pasó el día y la noche y su hijo no volvió.
"Pasé unos días yendo al Instituto Médico Legal (IML) para ver si reconocía su cuerpo, a las comisarías, a la Corregedoria (organismo que investiga irregularidades dentro de la Policía Militar) cuando aún era ingenua y pensaba que podrían ayudarme, y todo lo que me preguntaban era '¿Hasta dónde quieres llegar con esto?'", recuerda.
Impunidad
Primero la Corregedoria de la Policía Militar pasó el caso a la Policía Civil alegando que no había bastantes pruebas de la participación de sus agentes en la desaparición, y desde entonces, la Policía Civil prorroga continuamente el plazo para entregar sus conclusiones al Ministerio Público (la Fiscalía) para que pueda presentar la denuncia.
"Sinceramente, no tengo ninguna esperanza, yo creo que esto se arrastrará durante años en la Justicia sin una solución", lamenta, y añade que la policía en Brasil es un "enemigo público" que actúa con total impunidad porque sabe que sus actos no tendrán consecuencias.
Ante la dificultad para esclarecer quién está detrás de la desaparición de su hijo, Rute se involucró en organizaciones como Amnistía Internacional y Justiça Global y se convirtió en una activista: "Tomé mi luto y lo transformé en lucha", dice, remarcando que confía en que su experiencia al menos sirva como incentivo para otras madres que pasan por lo mismo.
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Otros casos
Amarildo fue detenido por agentes de la Policía Militar y llevado a la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) (una comisaría en la favela), donde presuntamente fue torturado y asesinado, después de ser confundido con un traficante de drogas, según la versión de la policía.
Doce de los 25 policías militares denunciados en 2016 por la desaparición y muerte de Amarildo fueron condenados en primer grado, y el pasado mes de enero otros dos agentes fueron condenados por corromper a testigos para que mintieran sobre las circunstancias de la muerte.
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El caso de Amarildo marcó un antes y un después en la percepción de la sociedad civil brasileña hacia los abusos policiales y aumentó la presión para desmilitarizar a la Policía Militar, una herencia directa de la dictadura.