Suecia es uno de los pocos países europeos y de la Unión Europea donde gobierna todavía un partido socialdemócrata. Suecia ha sido hasta ahora el país más generoso del Viejo Continente en política migratoria. En sus tierras han encontrado refugio miles de huidos de la dictadura pinochetista, exyugoslavos de las repúblicas balcánicas, kurdos, afganos o africanos de diversos países. Suecia fue llamada la "superpotencia humanitaria".
El primer ministro socialdemócrata, Stefan Lofven, ha certificado lo que muchos responsables políticos y humanitarios de su país habían ya advertido. Suecia no tiene la capacidad para seguir acogiendo a miles de refugiados cada año. La llegada masiva de migrantes desde 2015 provocó también las protestas de otras organizaciones sociales y políticas que, aprovechando la ruptura del tabú de lo políticamente correcto, denunciaban el deterioro social y de convivencia que muchos de los refugiados estaban creando en ciertos barrios de las principales ciudades del país. Buena leña para el fuego que los partidos más conservadores y las nuevas formaciones nacionalistas necesitaban para calentar sus posibilidades electorales.
Los suecos acudirán a nuevos comicios generales en septiembre y los socialdemócratas han perdido el tren de los favoritos en los sondeos. La primera medida que Lofven y los suyos han tomado para contrarrestar a sus oponentes es el endurecimiento de las condiciones de admisión para emigrantes y refugiados. El jefe de Gobierno se justifica arguyendo que ningún país de Europa ha acogido como Suecia, a 350.000 personas en menos de cuatro años. La población del país es de 10 millones de ciudadanos.
Stafan Lofven promete ahora que Suecia aplicará una política de acogida "sostenible" y en concordancia con la talla del país. Advierte, además, que los países que reciben la ayuda de Estocolmo deberán aceptar sin condiciones a sus compatriotas que hayan sido rechazados por el servicio de inmigración sueco.
Como en otros países de Europa abiertos con la inmigración, Suecia vive también un fenómeno que las formaciones tenidas como antinmigración explotan muy bien. El aumento del radicalismo entre los musulmanes acogidos en los últimos años, y multiplicado desde hace poco tras la crisis en Oriente Medio, supone un argumento de peso para las formaciones como los "Demócratas de Suecia".
EL aumento de las agresiones sexuales contra mujeres es un dato objetivo y no forma parte de la propaganda xenófoba, que también existe. Las autoridades trabajan en 14 lenguas en cursos de educación sexual y en la enseñanza de los derechos de las mujeres.
Uno de los argumentos de los partidos antinmigración tiene que ver con el origen religioso y cultural de los recién llegados, a los que se reprocha no querer integrarse en las normas sociales del país de acogida.
Las declaraciones de la ministra no representan la opinión oficial del Gobierno de coalición de Lars Lokke Rasmussen, pero son respetadas por sus colegas pues, dicen, ella se ha atrevido a abrir el debate sobre el islam político y el respeto de los valores del país de acogida.
La ministra es también en parte inspiradora del endurecimiento de las normas para que un extranjero pueda obtener la nacionalidad danesa. Aprender la lengua es un requerimiento básico; aprobar una dura prueba de educación para la ciudadanía es otra. Un refugiado sin trabajo durante un largo período de tiempo tendrá difícil acceder al pasaporte danés. Los recién llegados deberán pasar dos años sin recibir ayudas sociales. El respeto de los valores y el juramento sobre la Constitución danesa son indispensables.
Los daneses irán a las urnas también en tan solo un año. Las exigencias hacia las peticiones de asilo y la inmigración económica continuarán siendo como en la mayoría de Europa, con excepciones como España y Portugal, uno de los argumentos principales de la campaña electoral.
Austria, donde el flujo de refugiados del verano de 2015 también ha tenido en buena parte consecuencias electorales, los conservadores gobiernan en coalición con los populistas de derecha que otros califican de extrema derecha. En Francia, autoerigida como la tierra de la acogida y de los derechos humanos, el Gobierno del Presidente Emmanuel Macron ha aprobado una restrictiva ley de acogida de migrantes económicos y de refugiados políticos.
Y si en el caso de Praga y Bratislava las posiciones pueden variar, no será el caso de Budapest y Varsovia, que se niegan en rotundo a aceptar imposiciones en ese asunto de la Unión Europea.
Consideraciones culturales, religiosas o identitarias aparte, los gobiernos europeos de los países más ricos experimentan un rechazo a la solidaridad con el extranjero por parte de sus clases más desfavorecidas y de una clase media temerosa de pauperización y de perder su protección social.
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En el caso de los países de Europa Central, al temor de la "desaparición étnica" se añade, según otros especialistas, la inseguridad económica que una masa incontrolada de refugiados produce en sociedades para las cuales la adhesión a la Unión Europea iba, en teoría, a generar riqueza y una mejora de sus condiciones de vida.
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Además, no soportan la penetración en sus barrios de las imposiciones del islam. Los políticos que se atrevían a expresarse en estos términos hace una década eran tachados por la prensa "bienpensante" de ultraderechistas o xenófobos. Ahora, también, pero esos partidos ya no representan una minoría. Tienden a ser mayoritarios en la Europa institucional que da lecciones al resto del mundo.
La Unión Europea dedicará una "cumbre" monográfica sobre la inmigración el 28 y el 29 de junio. La sanción económica a los países refractarios a la acogida de refugiados se blande como único argumento. Pero la instalación en Italia de un nuevo gobierno que ha prometido expulsar a más de medio millón de refugiados va a obligar a los líderes europeos a buscar soluciones más allá del castigo económico a los disidentes.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK