La DEA: ¿agencia estadounidense antidrogas o el nuevo virrey de Latinoamérica?

En 1973 nació la DEA (por sus siglas en inglés), y con ella la intención de "hacer cumplir las leyes y reglamentos" nacionales en materia de drogas ilícitas y enjuiciar a las organizaciones y sus principales miembros "que participen en su cultivo, fabricación o distribución […] que surjan en el tráfico ilícito o estén destinadas a tal tráfico" en Estados Unidos, se lee en su página web.

La DEA depende del Departamento de Justicia estadounidense, y a pesar de que comparte jurisdicción en el ámbito interno con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), es la única agencia responsable de coordinar y perseguir las investigaciones antidroga en el extranjero. Es así que en las últimas cuatro décadas y media lograron establecer 91 oficinas de la DEA en 70 países.

En Latinoamérica la DEA tiene representación en países con actitudes muy disímiles. Mientras que algunos la acusan de entrometerse en asuntos políticos nacionales o directamente de coordinar las acciones de los narcotraficantes, como es el caso de Bolivia y Venezuela, hay otros que cada vez más estrechan lazos con la agencia, como Colombia y Argentina.

El caso colombiano es complejo. El exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Seuxis Hernández Solarte (más conocido como Jesús Santrich) fue uno de los negociadores del proceso de paz y es dirigente del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que formaron los miembros de las FARC tras el acuerdo firmado con el Gobierno de Juan Manuel Santos.

El 9 de abril Santrich fue detenido de manera sorpresiva por ser acusado de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Según la orden de allanamiento y registro a la que accedió Semana, la solicitud de arresto fue realizada en el marco de una investigación "que se adelanta por parte de una corte del Distrito Sur de Nueva York en contra de una organización criminal relacionada a negocios de narcotráfico" hacia los Estados Unidos.

Sin embargo, el Acuerdo de Paz firmado establece que las órdenes de captura y las solicitudes de extradición de Estados Unidos quedan suspendidas aunque la cooperación con el país del norte se mantenga intacta.

El acuerdo también determina que en caso de que los guerrilleros beneficiados vuelvan a realizar actividades delictivas, pierden todos los beneficios que se les otorgaron, incluyendo la posibilidad de acceder a sanciones dentro de la Justicia transicional.

Santrich podría ser el primer exguerrillero extraditado a Estados Unidos, tensando aún más las relaciones entre las FARC y el gobierno colombiano.

El caso argentino dista de ser tan conflictivo. Según El País, desde que Mauricio Macri asumió como presidente de Argentina en  diciembre de 2015, no tardó en recomponer el vínculo que se había reducido al mínimo durante el kirchnerismo. La tensa relación entre los gobiernos produjo el cierre del programa de entrenamiento de efectivos argentinos en Estados Unidos; pero Macri ha reiterado su intención de avanzar en una agenda bilateral con el país del norte que también incluya la cooperación antidrogas.

Sin embargo, no todos los países latinoamericanos han tenido la misma tesitura y han criticado su presencia llegando a cerrar las embajadas estadounidenses y echado a representantes de la DEA.

Tal es el caso de Bolivia y Venezuela. En noviembre de 2008 el presidente Evo Morales los expulsó por "el trabajo de espionaje político y financiación a grupos delincuenciales por parte de agentes" estadounidenses.

Según el portal web América Latina en Movimiento, de la Agencia Latinoamericana de Información —ALAI, mientras la DEA estuvo en Bolivia "las zonas cocaleras eran severamente controladas, los campesinos reprimidos, sus pocas posesiones secuestradas con y sin motivo, pero las incautaciones eran verdaderamente raras". Tras su salida Morales anunció que los organismos policiales multiplicaron la cantidad de droga y narcotraficantes capturados.

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En Venezuela sucedió algo similar. En julio de 2005 el vicepresidente venezolano de ese entonces, Ramón Carrizales, dijo: "Cuando estuvo en plena ejecución el convenio con la DEA, la incautación de droga no superaba las 27 toneladas anuales. Salió la DEA y comenzamos a capturar un promedio de 43 al año".

En 2015 el gobierno de Nicolás Maduro aseguró que las autoridades policiales han logrado decomisar un promedio de 55,7 toneladas al año, lo que representa un aumento del 60% de eficiencia en comparación con el momento de las operaciones de la DEA en ese país hasta 2005, según publicó la Agencia Venezolana de Noticias.

Representación de la DEA en la región

En el Cono Sur, donde hay países productores de hoja de coca y otros de "tránsito" de drogas provenientes de Colombia y Perú hacia mercados en Estados Unidos y Europa, la DEA tiene representación en Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay.  

En la región Andina la agencia señala a Colombia, Ecuador y Venezuela como los países responsables de la heroína y del clorhidrato de cocaína, la pasta base de cocaína y su distribución alrededor del mundo en contenedores marítimos, barcos pesqueros y buques rápidos a través de México y América Central.

​En América Central no se produce, pero se almacena cocaína, marihuana, metanfetamina y heroína para ser transportada a México y Estados Unidos. Allí la DEA está en México, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Según se lee en la página web de la agencia, la zona del Caribe es una de las más complicadas para desarrollar su labor; conviven múltiples lenguas, y al ser islas se convierten en países "extremadamente vulnerables" para el tráfico de drogas. Históricamente, una cantidad significativa de cocaína con destino a Estados Unidos se trafica por allí.

La DEA está en Barbados, Puerto Rico, las Antillas Neerlandesas, República Dominicana, Haití, Jamaica, Guyana, Bahamas, y Trinidad y Tobago.