"Brasil mira hacia otro lado hacia un derecho fundamental; en los últimos 20 años la expansión del abastecimiento de agua potable y del tratamiento de aguas residuales no ha avanzado", criticó en rueda de prensa el presidente del IDS, João Paulo Capobianco, durante la celebración del VIII Foro Mundial del Agua en Brasilia.
Las entidades brasileñas recuerdan que más de 34 millones de brasileños no tienen acceso a agua potable y que más de 100 millones no tienen sus residuos recogidos correctamente a través de alcantarillas.
En el 55% de los municipios brasileños (3.083) ni siquiera se sabe cuál es la situación real del tratamiento de residuos en el agua, puesto que no hay datos oficiales.
Al contrario de lo que cabría esperar la situación no mejora, sino que empeora con el paso de los años, lamentó Capobianco, que apuntó que los gastos del Gobierno central en alcantarillado público cayeron un 45% entre 2012 y 2018.
"Además de retrocesos hay abandono, verificamos una reducción dramática de la inversión en esta área", subrayó, avanzando que el cumplimiento del Plan Nacional de Tratamiento de Aguas, que prevé universalizar el acceso al agua potable y al alcantarillado en 2033 será imposible.
Según las previsiones de las citadas entidades si el ritmo de inversión se mantiene como hasta ahora ese objetivo se alcanzará únicamente en el año 2054.
Durante la apertura del VIII Foro Mundial del Agua el presidente brasileño, Michel Temer, aseguró que su Gobierno impulsará un proyecto de ley para lograr un nuevo marco regulatorio que facilite la recolección y el tratamiento de aguas residuales.
Para el presidente del IDS falta ver el detalle de esa propuesta, y confió en que se desarrolle en base al diálogo con organizaciones y sociedad civil para que sea realmente efectiva.
La ONU reconoció en 2010 el acceso al agua potable como derecho humano y cinco años más tarde la definición abarcó también el derecho a servicios de recolección y depuración de aguas residuales.
