"Como lo dijo la comisionada (Margarette May) Macaulay, el indulto al expresidente Fujimori es una bofetada en la cara para las víctimas porque prácticamente corta de tajo su condena y da paso a la impunidad", dijo a Sputnik el comisionado Joel Hernández, quien participó de la audiencia.
El expresidente fue condenado a 25 años de prisión por la muerte de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantatuta (1992), realizadas por el grupo militar encubierto Colina, así como por el secuestro del periodista Gustavo Gorritti y el empresario Samuel Dyer, pero fue beneficiado con el indulto tras exponer razones médicas.
Durante la audiencia, representantes de la sociedad civil sostuvieron que las enfermedades que padece Fujimori nunca debieron implicar la suspensión de la pena, ya que la revocación de la medida carcelaria supone una violación a la investigación de graves crímenes ocurridos durante su Gobierno.
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Sin embargo, los representantes del Estado cuestionaron la citación de la CIDH a la audiencia y señalaron que la misma es una contradicción del organismo interamericano.
Sin embargo, esta posición fue rebatida tanto por los comisionados como por los integrantes de la sociedad civil.
"Me parece que esta comisión está actuando en el ámbito de sus competencias y que tiene el deber de dar seguimiento a la situación de derechos humanos en Perú" precisó Hernández a esta agencia.
Al respecto, David Velasco, director ejecutivo de Fedepaz (organización de DDHH en Perú) y parte de la sociedad civil en la audiencia, consideró como "equivocado" por parte del Estado plantear una situación de incompetencia de la CIDH, y señaló que buscarán que se tome una medida en casos de indultos a personas relacionadas con delitos de lesa humanidad.
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Para Carlos Rivera Paz, director del Instituto de Defensa Legal (ONG con sede en Lima) y quien representó a la sociedad civil, el indulto a Fujimori "es el resultado de un pacto político" derivado de "la crisis por la que pasa Kuczynski debido a su falta de experiencia política, pero también por su involucramiento en actos de corrupción", por lo que buscarán que la medida sea revocada para beneficio de las víctimas y de sus familiares.
"Rechazamos la medida de indulto porque es contraria al Derecho Internacional Humanitario y sobre todo con pérdida de los intereses de las víctimas", subrayó Rivera.
Por último, la sociedad civil pidieron a la CIDH que dicte jurisprudencia sobre los indultos cuando hay casos de violaciones de derechos humanos de por medio, así como que sus comisionados se reúnan con las víctimas en Perú en el marco de la próxima Cumbre de las Américas y que inste a las autoridades peruanas a revisar su labor.
La audiencia por el caso del indulto a Fujimori —una de las que más asistentes congregó- cerró una treintena de audiencias que se llevó a cabo desde el pasado lunes en Bogotá en el marco del 167 periodo de sesiones extraordinarias de la CIDH.
