"Hay una pena de muerte de manera no asumida en las favelas de las comunidades de Brasil, porque no hay sanción a los responsables de los asesinatos, lo cual es una situación alarmante y que configura una gran violación a los derechos humanos", dijo a Sputnik Débora da Silva, líder del colectivo Madres de Mayo.
La líder social hizo la denuncia en el marco del 167 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se lleva a cabo en Bogotá con ocasión de los 70 años de la declaración Americana de los Derechos del Hombre y que citó al Estado de Brasil ante las denuncias de asesinatos extrajudiciales por parte de la policía de ese país.
Da Silva también calificó como "peligrosa" la intervención federal en el área de seguridad en Río de Janeiro decretada el pasado 17 de febrero por el presidente Michel Temer para, según él, garantizar la seguridad en la ciudad tras una creciente ola de violencia urbana que el año pasado causó 6.731 muertes.
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La medida, inédita, en Brasil, puso en alerta a las organizaciones sociales, ya que entrega a los militares la misión de acabar con una ola de violencia que afecta a ese Estado desde hace meses.
"La intervención militar en Río de Janeiro es algo que se puede llevar a prueba en otras partes de Brasil, lo cual es peligroso, si vemos que tenemos en la frontera entre Río de Janeiro y Sao Paulo la policía que más muertes produce y que asesinó a más de 600 jóvenes en menos de una semana en 2006, entre ellos mi hijo", consideró Da Silva.
Ante las denuncias expuestas en la audiencia, la comisionada de la CIDH Antonia Urrejola, relatora para Brasil, mostró su preocupación por la situación sistemática de asesinatos extrajudiciales, por lo que dijo que el organismo espera una investigación del Estado al respecto que permita capturar y juzgar a los responsables y reparar a las víctimas.
Entre 2009 y 2016 cerca de 22.000 personas murieron en Brasil por acción de la policía de ese país.