"Genera mucha preocupación el hecho de que se esté dejando la seguridad en manos de militares, hay una situación de Estado de excepción en la cual básicamente los militares tienen autorización para hacer lo que quieran, sin ningún tipo de control ni supervisión, y ellos mismos se controlan, lo cual también se ve en la policía", dijo a Sputnik el integrante del centro de convivencia É de Lei de Brasil, André Contrucci.
El 1 de marzo la CIDH citó al Estado de Brasil para evaluar violaciones de derechos humanos de jóvenes negros en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
De acuerdo con Contrucci, algunas de las mayores violaciones se registran en el sureño estado de Sao Paulo, donde 40% de la población es negra y de ella, el 70% se ve afectada por las medidas estatales para controlar el tráfico y consumo de drogas.
"Vemos que la política de guerra a las drogas es un comodín para desplazar a poblaciones que no son deseadas, y que deja ver intereses financieros e inmobiliarios de compañías que ganan mucho dinero haciéndose con los espacios que antes eran ocupados por consumidores y micro-traficantes de drogas", dijo Contrucci.
"La presión internacional y mediática frente a lo que está pasando en Brasil puede llevar a la CIDH a pedir acciones efectivas de ese Gobierno para proteger los derechos humanos; el problema, no obstante, es que no es un Gobierno federal legítimo, entonces no estoy seguro de que se vaya a preocupar por lo que está ocurriendo", consideró.
Lea más: Interventor de Río de Janeiro: seguridad pública aprovechará experiencia militar
Por su parte, la comisionada de la CIDH, Margarette May Macaulay, relatora sobre los derechos de personas afrodescendientes, se mostró preocupada en la audiencia por la situación que se registra en Brasil y llamó al Estado a implementar otros programas de control de las drogas diferentes a las detenciones preventivas y ataques a la población.