El fondo federal cuyo destino decide cada año el presidente con su gabinete de Finanzas, destinado a los gobiernos de los 31 estados y la Ciudad de México, se llama Ramo 23, un nombre encriptado que, además, "no está regulado por una ley, sino por el criterio discrecional del Gobierno", dice el documento.
La arquitectura discrecional del gasto público federal "permite opacidad, simulación y gasto de recursos en programas que no están orientados a alcanzar objetivos de política pública, por lo que es urgente mejorar y blindar la asignación de los recursos públicos, especialmente del Ramo 23", recomiendan los autores de la investigación.
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Por ejemplo, durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012, centroderecha), de esa bolsa opaca salió, cada año, un gasto promedio de unos 785 millones de dólares al cambio actual (14.230 millones de pesos).
"Los datos exhiben que los montos transferidos a gobiernos estatales, mediante tres programas de subsidios del 'Ramo 23', sin reglas de operación, han variado en función de simpatía partidista con la administración federal en turno", dijo en la presentación del informe la directora de México Evalúa, Edna Jaime.
Fin a la discrecionalidad
Los especialistas apuntaron la necesidad "promover una toma de decisión más objetiva y democrática" para terminar con la discrecionalidad del gasto público.
Los expertos observaron específicamente tres programas de subsidios opacos dirigidos a los estados: un fondo para el fortalecimiento financiero, los programas regionales y las contingencias económicas.
"La forma en la que opera el Ramo 23 no es un accidente; estamos ante una arquitectura institucional que ya está excedida, pues está permitiendo una toma de decisión sin garantía de objetividad, y que deriva en una mala calidad de gasto", lamentó Jaime.
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Los datos de estas transferencias hechas por Calderón y Peña Nieto "reflejan patrones específicos que se agrupan bajo dos escenarios: años previos a la elección presidencial y años regulares sin elección federal", dijo la coordinadora del área de rendición de cuentas de México Evalúa, Mariana Campos.
En los años 2011 y 2017, previos a elecciones presidenciales, las investigaciones detectaron "claramente que el Gobierno federal transfirió más recursos a los estados con gobiernos de su mismo partido político", dijo Campos.
Esa bolsa millonaria de recursos, cuya asignación queda a criterio exclusivo de la cartera federal de Finanzas, "es una institución que opera con un equipo que llega y cambia en función del interés del titular del Ejecutivo", enfatizó Campos.
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Los programas analizados no tienen reglas de operación, ni diseño ni normatividad.
El caso más reciente de disputa por esa bolsa ocurrió a principios de este año, cuando el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, opositor a Peña Nieto, marchó más de 1.000 kilómetros en una caravana para exigir el equivalente a unos 50 millones de dólares que le había congelado el Gobierno federal.
Corral denunció que "se trató de un castigo por el combate a las redes de corrupción política descubiertas en Chihuahua, que llegan hasta la dirección nacional del PRI".
El gobernador predecesor de Chihuahua, César Duarte, del PRI, está prófugo por un multimillonario peculado.
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La nueva fiscalía de Chihuahua descubrió una trama para desviar fondos federales a las campañas políticas del PRI, lo que generó un choque abierto con el Gobierno federal que aún no termina de resolverse.
