"Es derecho de Venezuela participar en la Cumbre, incluso para que pueda exponer y saldar dudas que existen en la región, implementadas por un sistema de comunicación monopólico, corporativista, pero además ligadas a grupos de poder económicos y a las pretensiones del Gobierno de EEUU de insertar agenda política en América Latina", indicó una de las líderes de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Días atrás, el Gobierno de Perú adoptó la decisión de reconsiderar la participación de Maduro en la Cumbre que se realizará en Lima el 13 y 14 de abril, una postura que tuvo el respaldo del Grupo de Lima, conformado por 14 países de América Latina que respaldaron la medida "ante el continuo y grave deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela" y con base en la Declaración de Quebec, adoptada en la III Cumbre de las Américas en 2001.
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El Grupo de Lima considera que en Venezuela se rompió el orden institucional con la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, integrada exclusivamente por el oficialismo, ya que asumió las competencias de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).
En ese sentido, añade que esta acción es "una falta de respeto a la soberanía, al derecho internacional" donde deben prevalecer "los tratados internacionales", no "el afecto o desafecto de un presidente hacia otro", sino "el derecho de la soberanía, que es el que tiene que primar en un cumbre que tiene que acoger a todos los países de América".
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Es decir, en opinión de la asambleísta, esta sería la oportunidad para que el presidente Maduro exponga su punto de vista y explique "lo que realmente está pasando en Venezuela".
"No nos quejemos de que en un futuro sea el mismo Ecuador el que pueda ser excluido por cualquier situación política de cualquier espacio internacional; esto no se trata de Venezuela, se trata del respeto a la soberanía, a la gobernabilidad y a los tratados internacionales que somos parte", apuntó la parlamentaria.
El Grupo de Lima fue creado el 8 de agosto de 2017 en la capital peruana para hacer un seguimiento a la situación en Venezuela.
La declaración de ese día fue firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.