Habitualmente los mundialmente famosos Carnavales representaban una especie de tregua para las bandas criminales que actúan en las favelas y en los barrios marginales de la megalópolis. Pero esta vez fue radicalmente distinto. La fiesta, celebrada entre el 9 y el 14 de febrero, no frenó la violencia.
Fue el propio Michel Temer quien inició el procedimiento legal para emplear a las Fuerzas Armadas en la seguridad pública de Río de Janeiro. El presidente de la República Federativa de Brasil firmó el 16 de febrero un decreto que establece el despliegue de las tropas en el estado de Río de Janeiro hasta el próximo 31 de diciembre.
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Hablando ante la radio y la televisión, el jefe del Estado mantuvo la retórica de que la escalada del crimen organizado obligó al Gobierno federal a tomar una "medida extrema" con "respuestas duras". "El crimen organizado casi se ha hecho con el control de Río de Janeiro. Es una metástasis que se esparce por el país y amenaza la tranquilidad de nuestro pueblo", destacó.
Braga Netto no se andará con contemplaciones y aplicará la mano dura en las favelas, nido de delincuentes y criminales pero también de ciudadanos desfavorecidos y vulnerables. En concreto, los militares lanzarán operaciones de registros en barrios enteros, lo que puede significar detenciones colectivas y abusos.
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Ese anuncio del Ministerio de Defensa desató una ola de protestas. "Es una de las violaciones más graves de derechos civiles que Brasil enfrenta desde la dictadura", respondió airada la expresidenta Dilma Rousseff en su cuenta de Twitter.
Ainda sobre a intervenção no Rio
— Dilma Rousseff (@dilmabr) 19 февраля 2018 г.
A iniciativa do governo golpista de promover mandados coletivos de busca, apreensão e captura é uma das mais graves violações aos direitos civis que o Brasil enfrenta desde o fim da ditadura. (segue)
Dejar la seguridad de las calles en manos del Ejército intranquiliza a muchos ciudadanos cariocas quienes todavía recuerdan con miedo décadas de dictadura militar. Esta es la primera vez que se toma una decisión tan rotunda, y de consecuencias imprevisibles, desde que se instauró la democracia en Brasil en 1988.
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Los vecinos de la conocida favela de Rocinha —habitada por 70.000 personas— recuerdan que las Fuerzas Armadas ya se hicieron con el control del barrio durante una traumática temporada. Cuando regresó la policía, lo hizo con tanta agresividad que los vecinos presentaron 35 quejas, relatando exacciones e irregularidades por parte de los agentes.
Según los datos publicados por Folha de São Paulo, uno de los periódicos de referencia del país, Río de Janeiro ha retrocedido siete años en cuestión de seguridad ciudadana. La tasa de muertes violentas ya supera la registrada en 2010. En otras palabras, no se ha conseguido mantener la disminución de la criminalidad.
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Los números apuntan que esta tendencia no es de hoy sino más antigua. La crisis política y financiera que atraviesa Río —con un exgobernador preso y un panorama de quiebra económica— ha catapultado a la violencia, pero no es la única causa de ella, como sostienen los analistas consultados por el citado diario. Las finanzas andan tal mal que los funcionarios cobran con retrasos y los servicios públicos se desmoronan por falta de mantenimiento.
Movimiento anticorrupción: partido de Lula incita a la violencia en las calles https://t.co/LVRRLbZNCr
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 24 января 2018 г.
El año 2018 ha comenzado peor si cabe. Aunque las cifras oficiales relativas a enero aún no se han hecho públicas, los datos de la plataforma digital Fogo Cruzado, que mapea la violencia armada en la región metropolitana, ya muestran que hubo 688 tiroteos o disparos de armas de fuego sólo el mes pasado en Río de Janeiro, el peor registro desde junio de 2016. Eso significa que de media se produjeron 22 tiroteos por día.
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Ahogado por los escándalos de corrupción y sin suficientes apoyos parlamentarios, Temer ha aprovechado la actual coyuntura de crispación e inseguridad para aprobar esta militarización de Río y para, de paso, aparcar su debatida reforma de las pensiones, epicentro de su programa político basado en los recortes sociales.
Además de las dudas que han generado su motivación, eficacia y coste, esta medida extraordinaria ha despertado críticas incluso desde ciertos estamentos institucionales. Así, la fiscalía federal afirma que representa un riesgo para la Constitución brasileña y para los derechos humanos.
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Ya no se trata de una colaboración puntual sino de una intervención en toda regla. También se discute el peligro real de que este plan de choque se extienda a otros territorios también afectados por la violencia. La tentación puede ser demasiado fuerte.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
