"Ninguna medida que sea adoptada a nivel interno puede contravenir las obligaciones internacionales de los estados, debido a que todas las resoluciones de la Corte IDH son de obligatorio cumplimiento porque todos los estados de la región tienen compromisos internacionales en materia de derechos humanos que deben cumplir", señaló Veramendi.
Ambas masacres fueron cometidas por el llamado Grupo Colina, fuerza paramilitar integrada por miembros del Ejército peruano durante el Gobierno de Fujimori.
La justicia condenó al exmandatario a 25 años de prisión como autor intelectual de esas dos matanzas, así como del secuestro de un empresario y de un periodista.
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El 24 de diciembre, Kuczynski otorgó el indulto y la gracia presidencial a Fujimori, por lo que cumplió solo 12 de años de condena.
"El indulto a Fujimori ha sido un duro golpe para los derechos humanos en el continente, particularmente para las víctimas y sus familiares", opinó la activista.
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Amnistía ha tenido un rol histórico de acompañamiento de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta incluso desde antes que Fujimori fuera extraditado de Chile en 2007.
Este 2 de febrero, si bien no es parte de las organizaciones litigantes, Amnistía acompañará desde el público a los familiares.
Audiencia
Luego de que la Corte IDH emitió las sentencias de ambos casos, dictó una serie de órdenes que deberían haber sido cumplidas por el Estado peruano.
Una de ellas insta al Estado a identificar, juzgar y sancionar a los culpables.
"Lo que va a suceder hoy es que en esta audiencia —convocada por la Corte a partir de información presentada por los representantes de las víctimas respecto de la concesión del indulto— se hará una supervisión acerca de si estas órdenes se han cumplido o no por parte del Estado peruano", explicó Veramendi.
"Luego de la audiencia, la Corte debe adoptar una resolución estableciendo cuál es su posición respecto al cumplimiento de estas órdenes" en una fecha de la que no se tiene información exacta.
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Amnistía presentó el 31 de enero a la Corte IDH un "amicus curiae" (opinión de un tercero ajeno al litigio) sobre la supervisión de cumplimiento de la sentencia conjunta de los casos Barrios Altos y La Cantuta y sobre el indulto a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos o por delitos contra el derecho internacional.
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"El llamado que hace Amnistía a la Corte Interamericana es que esta audiencia de supervisión le sirva también para profundizar su análisis en esta figura del indulto", añadió Veramendi.
Además, la organización presentó diversos ejemplos acerca de en qué casos en los últimos años se ha restringido la aplicación de la figura del indulto o perdón en particular en su aplicación a crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves a los derechos humanos.
"Cuando a una persona condenada por crímenes de derecho internacional u otra violación o abuso grave de los derechos humanos se le concede un indulto o perdón que anula la condena, se estaría violando el deber internacional del Estado de investigar, procesar y sancionar", reza el documento.
"El llamado que hacemos es que en ninguna circunstancia esa medida debe implicar la extinción de una condena y representar una medida que perpetúe la impunidad", dijo Veramendi.
Víctimas
La semana pasada se realizó una audiencia en la Corte Penal Nacional de Perú en la que la defensa de las víctimas presentó argumentos con el fin de que se declare la inconstitucionalidad del derecho de gracia, con el objetivo deque Fujimori pueda seguir siendo juzgado por esta matanza.
"La gracia estaría impidiendo que los familiares de las víctimas tengan acceso a la verdad, justicia y reparación, ya que Fujimori no puede ser investigado ni procesado, y esto estaría teniendo el mismo efecto que una amnistía", explicó Veramendi.
La decisión de la Corte IDH será tomada por medio del voto, por lo que se espera que en aproximadamente 15 días pasada la audiencia se conozca su decisión.
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En el caso de que se decida que puede aplicarse la gracia presidencial para que el exmandatario sea desvinculado de este proceso penal, la defensa tendrá la posibilidad de apelar.
