Lo que ha sido juzgado, junto a la figura de Lula, son los 12 años de gobierno del Partido de los Trabajadores (2003-2015). En aquel período hubo un crecimiento considerable de la economía y una mejora innegable del nivel de vida de los sectores populares, pero también debe recordarse que terminó con la mayor recesión en la historia del país y graves acusaciones de corrupción que afectan al PT y al propio Lula.
Esto tiene varias consecuencias de corto y largo plazo. Entre las primeras están las elecciones presidenciales que se celebran en apenas nueve meses, a comienzos de octubre. Entre las segundas, la principal es que deja una sociedad profundamente dividida y crispada, con heridas que no habrán de cerrarse a la brevedad.
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Las encuestas para las elecciones muestran a Lula muy por delante de los demás candidatos, con el 35% de apoyos, seguido del derechista Jair Bolsonaro con el 16%, estando los demás candidatos por debajo del 10%. La no participación de Lula provocará una dispersión del voto y una mayor incertidumbre. En un panorama semejante, aún en el caso de que Lula indique sus simpatías por otro candidato, los resultados son muy inciertos.
La izquierda brasileña sufrirá una severa derrota y su representación parlamentaria se verá reducida a los niveles que tuvo antes del gobierno del Partido de los Trabajadores.
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La segunda cuestión es que el país queda profundamente dividido, por múltiples motivos. Por un lado, por la fractura social. Las clases medias rechazan la presencia de sectores populares (en general negros y mestizos) en las universidades, aeropuertos y en los espacios que han ido ganando desde que se implementaron políticas sociales como el programa Bolsa Familia, que llega a 50 millones de brasileños, un cuarto de la población.
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El hecho de que la Bolsa de Sao Paulo haya saludado la condena de Lula con una importante subida, refleja la alegría del gran empresariado ante la derrota de una persona a la que aceptó a regañadientes cuando fue presidente.
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El presidente Michel Temer, que sucedió a la impugnada Rousseff, ha sido acusado de hechos mucho más graves pero cuenta con el apoyo del Congreso. Una mayoría de parlamentarios tienen también acusaciones de corrupción, pero salvaron a Temer de ser destituido aun cuando la Justicia pidió autorización para juzgarlo. La credibilidad de las instituciones está tocando fondo, y esto es mucho más grave que la condena a Lula.
La presencia de Boeing en Brasil tendrá tres consecuencias dramáticas para la independencia del país. Los programas de desarrollo en el área de Defensa quedarán expuestos y los desarrollos en curso (como el programa de submarinos y la aviación militar) pueden ser suspendidos o modificados a gusto del Pentágono.
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Boeing tiene intenciones de utilizar la base de lanzamiento de cohetes de Alcántara, que hasta ahora era el centro de desarrollo de programas fuera del control del Pentágono. Desde hace mucho tiempo Estados Unidos desea hacerse con esa base, ya que está situada muy cerca del Ecuador, en un lugar geográfico inmejorable para los lanzamientos espaciales.
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Más allá de que Lula sea o no culpable de hechos de corrupción, es evidente que la deriva actual de la política brasileña lleva al país a una crisis cada vez mayor, sobre todo por la falta de legitimidad de sus instituciones, y a una dependencia creciente de Washington
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK