Con el litigio planteado, Francia se convirtió en el tercer país —tras EEUU e Israel- en que se estudiará una demanda contra la multinacional tecnológica. Pero hay un importante matiz: es la primera vez que la demanda se examina en el marco del derecho penal.
La activista considera que no es suficiente simplemente ofrecer a los consumidores una compensación por los inconvenientes causados, sino que "hacen falta cambios radicales".
Vasseur propone que las baterías sean extraíbles y, sobre todo, no permitir que el rendimiento de un teléfono se ralentice como resultado de la actualización del sistema.
"Estamos muy contentos, especialmente desde que la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes (DGCCRF) incluso agregó un cargo adicional, que no figuraba originalmente: 'engaño'", agregó.
"Los teléfonos inteligentes no entran dentro de la regulación, porque se cree que este mercado cambia demasiado rápido… Esto significa que las autoridades han firmado su impotencia en este asunto", comentó.