"Esta veeduría tiene como propósito observar el proceso, los procedimientos, la metodología llevada adelante por parte de los equipos técnicos de la Contraloría para auditar, en los términos establecidos, la deuda pública interna y externa", dijo el contralor Pablo Celi durante la presentación de los integrantes de la comisión.
Celi apuntó que esta será la primera vez que en el país se realice un ejercicio de este tipo, en el que se esclarecerán las condiciones en las que el Gobierno de Correa adquirió deuda pública, tanto interna como externa.
El pasado 31 de julio, el representante de la Contraloría dispuso la realización de un examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública del Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador, Secretaría Nacional de Planificación y otras entidades relacionadas con la contratación y uso de los recursos públicos provenientes del endeudamiento.
Lea también: Ecuador no acudirá al FMI por financiamiento
Por ello, y para cumplir con el objetivo de difundir entre la ciudadanía los resultados de este examen, se conformó la veeduría, integrada por representantes de los gremios empresariales, además de juristas y financistas connotados, como el ex vicepresidente de la República, León Roldós (1981-1984); el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón; el director del Comité Empresarial, Roberto Aspiazu, y la exministra de Finanzas, Magdalena Barreiro, entre otros.
A decir del contralor, la conformación de esta comisión parte "de una convicción de que el control público puede realizarse con participación ciudadana", que es "un principio fundamental en una democracia de representación".
Lea más: Ecuador paga $100 millones más de la deuda a petrolera francesa Schlumberger
La intención además es que los participantes aporten con criterios técnicos, opiniones especializadas, observaciones críticas e incluso con información adicional, continuó Celi.
Las preocupaciones sobre la deuda del país se acentuaron luego de que el Gobierno del exmandatario cambió la forma de calcular la deuda para con ello reducir la relación entre endeudamiento y Producto Interno Bruto (PIB) y no superar el límite constitucional de 40%.
En la administración de Correa se modificó la metodología de cálculo y de esta manera se excluyeron, por ejemplo, los deberes del Gobierno con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el endeudamiento interno en certificados de tesorería, lo que le permitió reducir el endeudamiento en al menos 11 puntos porcentuales.
Hasta noviembre de 2017, la deuda consolidada ascendía a 32,2% del PIB, mientras que la agregada (que incluía todos los compromisos del país) llegó a 46,2%, una cifra que superaría el límite legal.
