En la denuncia difundida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, Correa señala que el artículo 104 de la Constitución exige como requisito para llamar a un plebiscito "el dictamen previo de la Corte Constitucional en todos los casos de consulta popular" algo que, a su juicio, Moreno omitió con la convocatoria vía decreto ejecutivo por considerar que la Corte sobrepasó el tiempo estipulado para emitir su informe.
Para Correa el hecho de no contar con el dictamen de la Corte Constitucional "atenta abiertamente contra el Estado constitucional de derechos, contra las instituciones democráticas y contra la institucionalidad".
Por ello en la misiva, firmada por su aliado y excanciller Ricardo Patiño, se solicita al secretario general de la OEA expresarse "respecto de la alteración del orden constitucional que afecta el orden democrático".
Finalmente, Correa pide a la OEA convocar al Consejo Permanente de ese organismo para que analice "la alteración grave del orden constitucional, realice las gestiones diplomáticas correspondientes para normalizar la situación y, de ser el caso, convoque a sesiones extraordinarias de la Asamblea General".
Almagro informó a través de su cuenta en la red social Twitter que el organismo realizará el respectivo informe sobre la petición de Correa y Patiño.
Críticas
Tras la queja, el expresidente fue criticado por acudir a la OEA luego de haberla desacreditado duramente mientras gobernó el país.
"Nosotros cuestionamos a la OEA como institución, el rol de la OEA ha sido terrible: expulsó a Cuba pero aceptó a (Augusto) Pinochet y a inicios de los años 80, con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca apoyó a Inglaterra y no a Argentina" en la Guerra de las Malvinas, dijo Correa en diciembre del año pasado.
La consulta popular convocada por Moreno cuenta con el respaldo de 74% de la población, que asegura que votará favorablemente por las siete preguntas planteadas.
Entre las preguntas se plantea suprimir de por vida los derechos políticos a los funcionarios que incurran en actos de corrupción, con 77,2% de aceptación y una reforma integral en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y otra en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre otras.
El 4 de febrero tendrá lugar el plebiscito en el que están llamados a votar 13 millones de ecuatorianos.