QUITO (Sputnik) — Los legisladores oficialistas aliados al expresidente Rafael Correa anunciaron que presentarán recursos legales para impedir que el mandatario Lenín Moreno convoque a una consulta popular por decreto, tal como lo hizo después de que la Corte Constitucional no emitiera a tiempo un dictamen sobre las preguntas presentadas el 2 de octubre.
La asambleísta del partido gobernante Alianza País, Doris Soliz, explicó a la prensa que "el plazo [de 20 días que tenía la Corte para emitir su informe] corre a partir de que se hayan agotado los pasos previos del expediente, por lo tanto esta es una acción absolutamente inconstitucional y estaremos tomando las acciones legales correspondientes para impedir que el Estado de derecho del pueblo ecuatoriano sea burlado de esta manera".
Lo mismo opinan los otros 22 parlamentarios cercanos a Correa, quienes en una rueda de prensa aseguraron que los decretos emitidos por el jefe de Estado son "ilegales e inconstitucionales", pues "violan el orden jurídico".
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Moreno emitió el 29 de noviembre los decretos ejecutivos 229 y 230, con los que convoca a una consulta popular y pide al Consejo Nacional Electoral iniciar el procedimiento.
En el texto se señala que "habiéndose, a la presente fecha, superado en demasía el término de 20 días que dispone" la ley "para que el máximo organismo de control en materia constitucional del país emita un dictamen sobre la constitucionalidad del proyecto de referéndum (…) resulta imperante aplicar los efectos legales previstos ante esta omisión".
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Correa, que está en el país desde el pasado 24 de noviembre, también criticó lo actuado por su sucesor y asegura que este cometió un error, pues el tratamiento de los amicus curiae —que son observaciones que se presentaron a las preguntas y que estaban siendo evacuadas por la Corte— "suspenden el plazo de 20 días", pues "de otra forma, no se podrían atender", según escribió en su cuenta de la red social Twitter.
Los amicus curiae suspenden el plazo de 20 días. De otra forma, no se podrían atender.
— Rafael Correa (@MashiRafael) 29 de noviembre de 2017
El Gobierno miente: lo que ha hecho es un rompimiento constitucional, porque no tenían mayoría en la Corte Constitucional, ante la evidente inconstitucionalidad de preguntas 2 y 3.
La CC había anunciado que analizaría las inquietudes el próximo 5 de diciembre, pero tras los últimos acontecimientos existe incertidumbre sobre lo que ocurrirá al respecto.
El plebiscito contiene cinco preguntas de referéndum (cambios a la Constitución) y dos de consulta popular (modificaciones a leyes), por ello se emitieron dos decretos distintos.
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La convocatoria a consulta popular por decreto ya fue utilizada por Correa en 2011, cuando empleó el mismo argumento legal con el fin de ejecutarla.