"La delegación y sus asesores está conformada por Julio Borges, quien la preside; (además de) Enrique Márquez, Luis Florido, Luis Aquiles Moreno, Eudoro González, Timoteo Zambrano, Simón Calzadilla, Luis Carlos Padilla y Manuel Teixeira", señaló la MUD a través de un comunicado.
"La delegación de demócratas venezolanos se ha ampliado para incluir en la misma a técnicos representativos de los sectores laborales, obreros, productivos, académicos y de organizaciones de defensa de los derechos humanos", explicó Roig.
Por la sociedad civil asistirán en calidad de técnicos-asesores el exrector del CNE, Vicente Díaz; la fundadora y directora del canal católico Vale TV, María Eugenia Mosquera; el abogado laboral León Arismendi; el constitucionalista Juan Manuel Raffalli; el abogado Daniel Sierra y el especialista en negociación Gustavo Velásquez.
Además, estarán presentes el activista de derechos humanos y vocero de Acción Solidaria en VIH, Feliciano Reyna; el economista Asdrubal Oliveros; la psicóloga social y consultora política Colette Capriles, y la coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores, Marcela Máspero.
Además, solicitarán que se permita el canal humanitario de alimentos y medicinas para aliviar el inmenso sufrimiento social, que se liberen los detenidos por razones políticas y que se restituyan las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional, declarada en desacato al Tribunal Supremo de Justicia desde mediados de 2016.
El encuentro, que está previsto se realice en Santo Domingo el 1 y 2 de diciembre, contará con la participación de los cancilleres de México, Chile, Paraguay, Nicaragua, Bolivia y un sexto país que aún no ha sido definido por la delegación oficialista.
Este diálogo ocurre en el marco de fuertes presiones internacionales contra el Gobierno de Venezuela.
En los últimos meses altos funcionarios venezolanos, incluyendo el presidente Nicolás Maduro, el vicepresidente Tareck El Aissami, y el ministro de Economía, Simón Zerpa, han sido sancionados por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.
El Gobierno estadounidense aprobó en agosto sanciones que prohíben a sus ciudadanos y a entidades que operen en el sistema financiero de ese país hacer negocios con los bonos de la deuda o con capital del Gobierno venezolano y de su compañía petrolera estatal, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Estas medidas han complicado la reestructuración de la deuda externa de Venezuela, cercana a unos 150.000 millones de dólares.
