"Hay una actitud (de) intolerancia a la crítica del presidente cuando acusa a las organizaciones de la sociedad civil de que le hacen 'bullying' a las instituciones, es una resistencia a reconocer el tamaño de los problemas", dijo el experimentado activista que aboga por los derechos de las víctimas de abusos y violaciones a sus derechos fundamentales.
Peña Nieto dijo en un acto con organizaciones no gubernamentales que "lamentablemente a veces se escuchan más las voces que vienen de la propia sociedad civil, que condenan, que critican y que hacen 'bullying' sobre el trabajo que hacen las instituciones del Estado mexicano".
Cortez, en cambio, cree que el problema "es que el Estado mexicano ha fracasado y no ha garantizado la seguridad y no ha profesionalizado a las policías, ante la crisis que enfrenta el país en materia de derechos humanos", que representan más de 32.000 desaparecidos y 100.000 personas asesinadas en la última década.
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El mandatario "hace una lectura muy distinta y minimiza como eventos ocasionales, aislados o dispersos, lo que ha llevado a un fuerte deterioro de la vías de diálogo e interlocución con los organismos ciudadanos", lamentó el activista que ha capacitado en derechos humanos a mandos policiales y militares.
Los temas de la discordia
Uno de los temas que ha dividido las aguas entre el Gobierno y la sociedad civil es el proceso del sistema penal acusatorio, comentó el experto.
Al principio la relación entre el Gobierno de Peña Nieto y la sociedad civil "era de mucho optimismo, parecía que todo iba bien", dijo Cortez.
Sin embargo, cuando venció el plazo para poner marcha el nuevo sistema de justicia penal en julio del año pasado "no hubo un informe oficial de dónde estaba su implementación y predominó un discurso político triunfalista".
Otro punto de enfrentamiento ha sido una recomendación del Alto Comisionado de DDHH de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que sugiere que se forme un grupo de expertos internacionales para emitir diagnósticos que permitan superar la crisis de derechos humanos.
"El cumplimiento de esa recomendación no ha ocurrido, hemos hablado con el Gobierno y hemos propuesto que se implemente, pero hay una negativa tajante", relató Cortez, testigo de las conversaciones.
"La respuesta es que de ninguna manera se aceptará, porque en México tenemos expertos nacionales y se ha creado un consejo consultivo de la Comisión Nacional de DDHH, y un consejo ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción", dice la respuesta oficial.
Cortez lamentó que "además de la intolerancia a la crítica, hay un nacionalismo embozado que quieren esconder con iniciativas que son una simulación".
Cortez se refirió al incumplimiento de las recomendaciones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brindada en 2016 por el caso de la desaparición en 2014 de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.
En ese marco, ni siquiera se ha podido considerar el paso a segunda etapa que sería la creación de un mecanismo extraordinario de cooperación con la ONU y la CIDH.
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"Hay una cerrazón, las autoridades responden que ninguna manera se permitirá la intervención extranjera porque México cuenta con instituciones que pueden hacer frente a la crisis", añadió el entrevistado.
Mientras que para el Gobierno las elecciones colocan el tema de las violaciones a los DDHH como un problema, las principales organizaciones "lo vemos como una oportunidad, de que en el último año del sexenio de Peña Nieto, el país pueda avanzar en temas como el consejo asesor de DDHH, con asesoría internacional, tener un avance en el diagnóstico común", enfatizó el activista.
Asimismo esperan "poder reforzar instituciones clave en la justicia y crear una fiscalía autónoma, que transforme los aparatos de justicia porque no hay capacidad de investigación por parte del sistema judicial actual".
Esos temas requieren de planes de largo plazo, "no de soluciones mágicas de maquillaje electoral", puntualizó Cortez.
Peña Nieto replicó a estos planteamientos alegando que las organizaciones no gubernamentales trabajan en "desmoronar y descalificar" a las instituciones.
