"Realizar la designación de nuevos titulares en las fiscalías acéfalas sin haber transformado antes la institución sería un cambio superficial que no logrará hacer frente al flagelo de la impunidad", dice el mensaje enviado al poder Legislativo titulado "Primero la Fiscalía, luego los fiscales".
El colectivo bautizado "Vamos por una Fiscalía que sirva", que agrupa a casi 300 organizaciones civiles y universidades, señaló que carecen de sentido los amargos debates en el Senado para nombrar a los fiscales, sin antes negociar una reforma constitucional y leyes que doten a los cargos de su aparato institucional.
Desde que se aprobó en el año 2014 la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, las cámaras de diputados y senadores no han podido lograr un acuerdo para nombrar al primer fiscal federal anticorrupción en la historia de México, ni diseñar los reglamentos institucionales ni leyes específicas del cargo.
Los firmantes de la misiva plantean que esa reforma pendiente es un requisito indispensable para que los fiscales actúen "a través de un proceso de investigación integral, exhaustiva, oportuna y respetuosa de los derechos de las víctimas y personas imputadas".
Señalan además que la tarea de construir las leyes de nueva Fiscalía General debe ser la principal prioridad legislativa del Congreso, porque del "diseño integral de la fiscalía dependen la eficacia de los ministerios públicos y buena parte también de la procuración de justicia en el país".
El orden de los factores
Además de pedir la creación de una "cada vez más necesaria" Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, el colectivo señaló que de la nueva Fiscalía General también dependerán piezas vitales de la justicia, como la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Esos altos cargos están vacantes hasta la fecha, la primera como debutante en el marco legal mexicano, y la segunda por la destitución el 20 de octubre pasado de su titular, Santiago Nieto, por revelar a la prensa los entresijos de la conexión del caso Odebrecht con las elecciones presidenciales de 2012.
El funcionario fue colocado en el centro de una disputa en el Congreso, para establecer si él mismo encabezaría automáticamente, durante los próximos nueve años, la nueva Fiscalía General que reemplazará a la vieja PGR, siendo un hombre cercano al presidente Enrique Peña Nieto.
Cervantes renunció "a efecto de no detener más las urgentes leyes que México necesita".
Hace dos meses, al anunciar su dimisión, el entonces titular de la PGR reveló que había concluido las investigaciones sobre la trama Odebrecht "uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y en México se hayan visto".
Con la investigación terminada, el funcionario anunció al Senado, en su renuncia, que "en los siguientes días, se harán las imputaciones correspondientes ante el Poder Judicial Federal" contra los personajes de la trama, pero desde entonces han pasado dos meses, que se cumplieron este miércoles, sin ningún imputado.
Los expertos de la campaña"#VamosPorUnaFiscalíaQueSirva" enviaron al Congreso un proyecto ciudadano de dictamen, para aprobar la reforma constitucional que daría lugar a la nueva Fiscalía, pero la discusión ha sido politizada y sigue entrampada.