"Sí, está confirmado la delegación del Gobierno irá mañana (por este jueves) a Santo Domingo", revelaron fuentes del Ministerio de Comunicación de Venezuela a Sputnik.
De acuerdo con lo planteado en las reuniones que sostuvieron ambas delegaciones entre el 13 y 15 de septiembre en Santa Domingo, a la mesa se integrarían Bolivia, Chile, México y Nicaragua, más otros dos países a convenir.
La oposición venezolana anunció que quería sumar como quinto país a Paraguay, mientras que hasta el momento la delegación oficialista no ha anunciado cuál será la otra nación garante.
"Se ha hablado para la primera semana del mes de diciembre, ya con los cancilleres, y ya los cancilleres han anunciado que están disponibles para esa fecha", señaló Díaz el martes en una entrevista a la emisora Unión Radio.
Diálogo en suspenso
Una vez más el proceso de diálogo venezolano está en suspenso, dijo a Sputnik el portavoz de la cancillería de República Dominicana, Hugo Beras, quien expuso que desconocía si estaba previsto algún adelanto para las próximas horas.
La segunda reunión de lo que ha sido denominado como una fase explotaría del diálogo estaba prevista para el 27 de septiembre, pero la oposición también canceló su participación y dijo que las condiciones no estaban dadas.
No obstante, asistió el equipo gubernamental, integrado por el Ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, el ministro de Educación, Elias Jaua, y el asesor del Gobierno, Roy Chaderton Matos.
Rodríguez explicó a la prensa que pese a la negativa de la oposición los representantes del Gobierno viajaron a República Dominicana para demostrarle al mundo que cumplen con su palabra, al tiempo que aseguró que las pugnas de la oposición impidieron el encuentro.
En ese momento, la oposición expuso que las condiciones no estaban dadas para el proceso.
Posteriormente, el presidente venezolano informó en una cadena de radio y televisión que ambas partes adelantaban la redacción de un acuerdo de convivencia pacífica, el cual ya estaba avanzado 95%, algo que desmintieron quienes le adversan.
A juicio de la activista y periodista dominicana Maribel Nuñez, la oposición se niega a dialogar porque no le conviene la paz de Venezuela.
"Ellos están jugando al juego internacional del bloqueo económico, de sanciones económicas; ya vemos las sanciones que saca ayer (por el lunes) la Unión Europea, el recrudecimiento de medidas económicas por parte de Estados Unidos, que busca la asfixia económica de Venezuela para lograr lo que con los votos no han podido: sacar al presidente Maduro", indicó.
"En un pueblo en conflicto, que enfrenta situaciones difíciles económicas y políticas, atreverse a rechazar el diálogo es una acción temeraria, imprudente, sobre todo cuando hay una voluntad de un Gobierno y de un pueblo que quiere resolver la crisis pacíficamente", observó.
A juicio del jurista y analista político venezolano Juan Manuel Rafalli, las conversaciones "deben y tienen que seguir".
Rafalli, egresado de la Universidad Central, sostuvo que a ambos sectores les conviene el diálogo, pero cree que al Gobierno le sirve más el proceso que la negociación y a la oposición le favorece alcanzar acuerdos.
"El diálogo le conviene tanto al Gobierno como a la oposición, pero al Gobierno le ha venido más el proceso que los acuerdos y a la oposición los acuerdos que no se han alcanzado más que el proceso, que ha sido tan cuestionado", añadió.
Por su parte, el Gobierno insiste en la necesidad de dialogar para mantener la paz, pero también para contener la presión internacional que surgió desde la creación de la Asamblea Nacional Constituyente en el marco de protestas antigubernamentales que dejaron 126 muertos y miles de heridos.
En los últimos meses altos funcionarios venezolanos, incluyendo el presidente Maduro, su vicepresidente, Tareck El Aissami, y el ministro de Economía, Simón Zerpa, han sido sancionados por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.
El Gobierno estadounidense aprobó en agosto sanciones que prohíben a sus ciudadanos y a entidades que operen en el sistema financiero de ese país hacer negocios con los bonos de la deuda o con capital del Gobierno venezolano y de su compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela.
Estas medidas han complicado la reestructuración de la deuda externa de Venezuela, cercana a unos 150.000 millones de dólares.
