"Hasta donde sabemos el Gobierno no ha enviado ninguna invitación a los cancilleres; y por eso no va a haber ninguna reunión mañana (miércoles), es muy difícil que se dé esa reunión", anunció a Sputnik el diputado Simón Calzadilla.
El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela dijo que tales declaraciones eran "excusas" de la oposición para evitar el proceso de diálogo y aseguró que para debatir asuntos internos la oposición no debería pedir "padrinos" en referencia a los denominados países amigos.
Esta fase exploratoria de las conversaciones entre el Gobierno y la oposición inició el pasado 13 de septiembre en Santo Domingo.
Ambas partes decidieron invitar a un grupo de países amigos para auspiciar el diálogo, entre los cuales nombraron inicialmente a Chile, México, Bolivia y Nicaragua, y acordaron sumar dos más, uno sugerido por la oposición, que es Paraguay, y otro por el oficialismo, que aún no ha sido anunciado.
"En mi opinión muy personal para que exista diálogo tiene que haber un nivel de confianza entre las partes y eso no ha existe porque el Gobierno viola los Derechos Humanos, la Constitución, persigue a los políticos, pretende acabar con las instituciones del país y aplicar mecanismos de represión", sentenció.
En este contexto, Álvarez Gil instó al Gobierno a dar muestras de confianzas "no solo de palabra sino de acción"; al tiempo que instó a todos los involucrados a asumir el costo político que este hecho implica.
Ambos diputados manifestaron su agradecimiento a los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) Organización de Naciones Unidas (ONU) por debatir en el seno de sus instituciones la situación de Venezuela y mostrar preocupación por la violación de los Derechos Humanos, que a su juicio, existe en el país suramericano.
Este nuevo intento de diálogo surge en medio de sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, tras la decisión de conformar una Asamblea Nacional Constituyente, a través de un proceso electoral en el que la oposición se negó a participar por considerarlo ilegal y cuyas protestas en contra dejaron 126 muertos entre abril y julio.