"Lejos de contribuir con la concordia y la paz en Venezuela, la Unión Europea ha aprobado decisiones hostiles que solo procuran el fracaso del diálogo nacional y buscan favorecer a quienes han generado violencia política, muerte y destrucción, como mecanismos para acceder al poder por vías inconstitucionales", publicó la cancillería en su portal web.
El Gobierno que preside Nicolás Maduro repudió esas medidas y las calificó de "ilegales, absurdas e ineficaces".
El mandatario también las consideró violatorias del derecho internacional y los principios de respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de los estados, establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.
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Estas medidas, expone el texto, "demuestran su lamentable y vergonzosa subordinación a los dictámenes del Gobierno de los Estados Unidos", país que también ha impuesto sanciones a Venezuela.
Además, el Gobierno venezolano destaca que no existe un consenso en la UE como, a su juicio, pretende mostrar el Consejo Europeo.
"La realidad es que las grandes economías europeas ejercieron notables presiones hacia el resto de los gobiernos del bloque y hacia las propias instituciones de la UE, dejando en evidencia las notables desigualdades y ausencia de democracia interna" en el bloque, expuso.
En ese sentido, el Gobierno de Venezuela pidió a la UE cesar en sus actuaciones "inamistosas" y desmarcarse de la "agenda belicista e intervencionista del Gobierno estadounidense".
La oposición y el Gobierno de Venezuela están convocados a una nueva fase del diálogo este miércoles en República Dominicana.
El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela calificó tales declaraciones de nuevas "excusas" para evitar el proceso de diálogo y aseguró que para debatir asuntos internos la oposición no debería pedir "padrinos" en referencia a los denominados países amigos.
Esta fase exploratoria de las conversaciones entre el Gobierno y la oposición inició el pasado 13 de septiembre en Santo Domingo.
Ambas partes decidieron invitar a un grupo de países amigos para auspiciar el diálogo, entre los cuales nombraron inicialmente a Chile, México, Bolivia y Nicaragua, y acordaron sumar dos más, uno sugerido por la oposición, que es Paraguay, y otro por el oficialismo, que aún no ha sido anunciado.