La portavoz de Podemos en la comisión, Carolina Bescansa, le preguntó por quiénes recibían los pagos de la caja B que manejaba el ex tesorero Luis Bárcenas.
"¿Se encuentra el señor Rajoy?", preguntó la diputada, "Indiciariamente sí", respondió Morocho.
El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) describió en la Comisión el funcionamiento del Partido Popular como "una trama de financiación irregular, activa principalmente en las comunidades de Madrid, Valencia, Galicia y Castilla León".
Según el investigador, el mecanismo de este caso de corrupción, uno de los más conocidos y extensos de España, siempre era el mismo.
"Empresas adjudicatarias de obra pública que asumían el coste de actos publicitarios y electorales de la formación política [en este caso el Partido Popular] para una campaña electoral concreta mediante la mecánica de generar unos contratos o facturas ficticias por unos supuestos servicios prestados", afirmó el inspector jefe.
Morocho manifestó que de los informes elaborados por su equipo se deduce que el Partido Popular "respondía al perfil de organización delictiva", aunque se ciñe a la decisión de los tribunales "que son los que valoran y evalúan".