"La reforma laboral y pensional y la reducción del gasto social podrían tener un impacto desproporcionado sobre los sectores más pobres, en particular en relación a sus derechos económicos, sociales y culturales", sostiene el comunicado.
Propuestas como la jornada de 12 horas con posibilidad de 30 minutos de descanso "son una regresión", señalaron representantes de la Central Única de Trabajadores, la Nueva Central Sindical y la Unión General de Trabajadores de Brasil en una audiencia que la CIDH celebró el pasado lunes en el Palacio Legislativo de la capital uruguaya, en el marco de su 165 período ordinario de sesiones.
El Gobierno brasileño considera esta reforma como uno de los pilares de su política económica y un aspecto clave para estimular la creación de empleo, mientras que la oposición critica que se haya procesado rápidamente y sin apenas diálogo con la sociedad civil.
Muchos diputados se mostraban recelosos de ayudar al Gobierno a sacar adelante este proyecto que generó diversas protestas y dos jornadas de huelga general, que también se convocaron contra la reforma laboral que sí salió adelante.
La CIDH expresó "su preocupación ante la represión de estas protestas por las fuerzas de seguridad, mediante un uso excesivo de la fuerza, que habría resultado en lesiones a manifestantes y periodistas, imponiendo obstáculos al ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión en general".
Por último, una de las primeras medidas que el Gobierno logró aprobar fue la congelación del gasto público por 20 años.
Derechos humanos
La CIDH sostuvo asimismo que recibió información "preocupante" sobre la situación de derechos humanos en Brasil.
Asimismo, la CIDH indica que recibió información "preocupante" sobre los obstáculos en el acceso a la tierra por parte de comunidades afrodescendientes; la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y el impacto sobre los derechos económicos y sociales de la reforma laboral y la tercerización que tiene lugar en el país.
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La CIDH celebró su 165 período ordinario de sesiones en Montevideo entre el lunes y este viernes por invitación del Estado uruguayo.
En este período se realizaron 28 audiencias públicas y reuniones sobre Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
