"Antes de aplicar el 155 —que permite al Ejecutivo central actuar contra comunidades autónomas que se declaren en desobediencia— hemos dado la oportunidad de volver al orden", dijo Santamaría en rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.
Sin embargo, Puigdemont pidió al Parlamento catalán que mantenga en suspenso la proclamación de independencia para dar espacio a un diálogo con Madrid.
Ante este escenario, el Gobierno español envió a Puigdemont un requerimiento cuyo plazo vence el 16 de octubre para aclarar si la independencia de Cataluña fue declarada o no.
"Antes de poder acceder a adoptar medidas del 155 hay que requerir al presidente de la comunidad autónoma para darle la oportunidad de volver al orden constitucional y estatutario de manera voluntaria", detalló Santamaría.
La vicepresidenta del Gobierno destacó que Puigdemont "tiene un margen amplio para evitar acciones ulteriores" porque de él depende "la vuelta a la legalidad" y la "restauración de la convivencia entre catalanes.
El artículo 155 permite al Ejecutivo, en caso de que una Comunidad Autónoma se declare en situación de desobediencia, "adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de sus obligaciones".
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En su comparecencia Santamaría eludió la invitación de los periodistas a aclarar cuál es el abanico de medidas que el Gobierno maneja en un eventual escenario de aplicación del 155 ya que "no tienen por qué adoptarse si el señor Puigdemont recoge ese guante".
"No vamos a hablar de medidas ni vamos a situarnos en futuribles porque hay un paso previo fundamental", sentenció.
Además, Santamaría destacó que el Congreso de los Diputados pondrá en marcha una comisión de estudio sobre una posible reforma constitucional, donde el independentismo podría intentar dar una salida a sus aspiraciones por cauces democráticos.
A su modo de ver no hace falta nombrar mediadores para el conflicto catalán porque ese papel lo han de desempeñar los 350 representantes de la soberanía nacional en el Congreso de los Diputados.
La vía de la reforma constitucional es rechazada por los sectores independentistas de forma recurrente bajo el argumento de que la posibilidad de cambio de la Carta Magna es sólo una verdad formal carente de significado real si no hay voluntad política para la celebración de un referéndum por parte de los partidos de ámbito nacional.
