"Rajoy lo que hace es coherente con la posición del Gobierno, pero también tiene el apoyo del Rey, quien fue muy claro en que todo en Cataluña debe hacerse dentro de un esquema institucional" y además cuenta con "el respaldo de la ley y de los principales partidos", señaló Holzmann.
Sin embargo, el presidente Rajoy indicó que "no hay mediación posible ante la desobediencia y la ilegalidad" y dio cinco días a Puigdemont para que aclare si declaró la independencia.
Los requerimientos enviados por Rajoy al gobernante catalán le emplazan, "al amparo del artículo 155 de la Constitución", a que "confirme si alguna autoridad de la Generalitat ha declarado la independencia o si su declaración del 10 de octubre de 2017 ante el Parlamento implica la declaración de independencia al margen de que esta se encuentra o no sin vigor".
En ese sentido, Holzmann explicó que la aplicación de ese artículo significa "la intervención administrativa y política en Cataluña, lo que se traduce en el establecimiento de un control presupuestario sobre los gastos y sobre los recursos a los cuales accede esta región y también, en el control de la policía y la seguridad pública en el lugar".
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No obstante, aclaró que es poco probable que la aplicación de ese artículo permita "militarizar" la zona, ya que se "necesitaría" un acuerdo de los diputados para establecer también un Estado de excepción.
Menos poder
También sostuvo que el Gobierno de Puigdemont está perdiendo "poder" y "espacio" por dos factores: primero por la "derrota política" que significó su solicitud de diálogo con Madrid, y segundo, a causa de los empresarios que han anunciado su retirada de Cataluña.
"Tanto los empresarios como el mismo Gobierno de Rajoy le han quitado a Puigdemont la capacidad de negociación; si las empresas importantes se van, dejarían de pagar impuestos en Cataluña y modificarían su capacidad industrial en el lugar, lo que significaría que la autosustentabilidad de Cataluña disminuiría considerablemente", señaló.
El 1 de este mes Cataluña celebró un referéndum independentista en el que participaron 2.262.424 personas, el 42% de los habilitados, y según el Gobierno catalán, del total de votantes, un 90% se pronunció a favor de la independencia.
Durante la jornada electoral hubo represión policial para evitar la votación, considerada ilegal por el Gobierno español, lo que provocó que 893 personas fueran atendidas en centros asistenciales, según el Departamento de Salud catalán.
