El Gobierno catalán había convocado un pleno extraordinario del Parlamento regional para anunciar de forma oficial los resultados del referéndum de independencia celebrado el 1 de octubre pero declarado ilegal por los tribunales españoles.
Puigdemont subió a la tribuna de oradores. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Tras una breve introducción, entró en materia. Estas son las palabras exactas que pronunció traducidas al español del catalán: "Llegados a este momento histórico, y como presidente de la Generalitat, asumo al presentar los resultados del referéndum ante el Parlamento y nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república. Esto es lo que hoy corresponde hacer. Por responsabilidad y por respeto. Y con la misma solemnidad, el Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada".
El mensaje de Puigdemont generó aún más incertidumbre y desató un profundo malestar en la formación política que más pelea en las calles por la secesión, la CUP, la Candidatura de Unión Popular, un grupo de extrema izquierda que cuenta con 10 diputados de los 135 que cuenta el Parlamento catalán. La CUP se mostró indignada y traicionada y amenazó al Govern con no regresar a las tareas parlamentarias hasta que se declare la independencia. Para calmar los ánimos de los soberanistas, y al terminar la sesión parlamentaria, los diputados independentistas —incluido Puigdemont— firmaron un texto simbólico de constitución de la República Catalana.
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Las palabras del presidente de Generalitat deliberadamente enrevesadas provocaron la inmediata reacción de Mariano Rajoy, el jefe del Gobierno español. Éste le requirió a que aclare en el plazo de cinco días su posición sobre la proclamación de independencia. Si respondiera que sí la declaró —algo discutible—, o si sencillamente no contestara, entonces tendrá un segundo plazo hasta las 10.00 horas del jueves 19 para rectificar y volver a la legalidad constitucional. Todo un ultimátum pues ese requerimiento abre la vía a la aplicación de artículo 155 de la Constitución, que autorizaría a Rajoy a tomar el control efectivo sobre la autonomía catalana. En ese escenario indeseado, el propio Puigdemont podría ser arrestado.
Mientras tanto, Puigdemont intentaba salir del pantano donde se ha metido, y manifestaba a la prensa internacional que está dispuesto a negociar "sin condiciones previas". Con la actitud rebelde de la CUP, el líder catalán es perfectamente consciente de que cobra fuerza la idea de que tenga que verse obligado a convocar unas elecciones anticipadas para acudir al veredicto del pueblo. Otra opción es que al final las convoque el Gobierno central en virtud del artículo 155, pero el contexto social sería radicalmente distinto.
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Puigdemont se ha sentido presionado por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien le pidió que no hiciera una declaración unilateral de independencia. Y también se ha visto influido por las decenas de empresas y sociedades asentadas en Cataluña, entre ellas los dos principales bancos catalanes, La Caixa y Sabadell, que decidieron cambiar de sede social de forma urgente y trasladarse a ciudades españolas fuera de la comunidad autónoma, alegando que estaban defendiendo los intereses de sus clientes y socios, preocupados por la creciente inestabilidad política y económica. Conclusión: El capitalismo es muy cobarde y siempre abandona el primero el barco que zozobra.
Mientras tanto, grupos nacionalistas radicales exigen la inmediata proclamación de la República Catalana. Companys requiere al general Domingo Batet que se ponga bajo sus órdenes, pero éste se niega. Batet declara el estado de guerra. Se lucha durante la noche en varios puntos de Barcelona. Las tropas alcanzan la sede de la Generalitat. A las seis de la mañana, Companys comunica telefónicamente su rendición. El Gobierno central suspende el Estatuto de Cataluña y practica centenares de detenciones.
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Las diez horas de rebelión catalana han costado 46 muertos. Companys es detenido, juzgado por rebelión y condenado a 30 años de cárcel e inhabilitación absoluta. Amnistiado en 1936 y recuperado el poder, sale de Barcelona el 24 de enero de 1939 por el avance de las tropas franquistas. Refugiado en Francia, es capturado por la policía nazi, entregado a las autoridades españolas en agosto de 1940 y fusilado en octubre de ese año.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK