"Si en Brasil una ley establece que se debe pagar 100, pero un supuesto acuerdo entre este trabajador y el empresario establece que en lugar de 100, como dice la ley o como dice un convenio colectivo laboral, se puede pagar 50 o 10, creemos que son aspectos que no condicen, que no son concordantes con los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que no son concordantes con la declaración sociolaboral del Mercosur", indicó Murro a esta agencia luego de participar de una sesión del Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur).
La reforma laboral impulsada por el presidente de Brasil, Michel Temer, fue aprobada en el Congreso el 11 de julio, el 13 de ese mes se publicó en el Diario Oficial de la Unión y entrará en vigor dentro de 120 días.
La nueva legislación laboral pone por delante los acuerdos a los que lleguen empresas y trabajadores sobre lo que marca la ley y pretende flexibilizar aspectos como la división de las vacaciones, la reducción de jornada, la participación en beneficios y resultados, el banco de horas extra y el descanso para el almuerzo.
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El Gobierno de Temer considera esta reforma como uno de los pilares de su política económica y un aspecto clave para estimular la creación de empleo, mientras que la oposición critica que se haya aprobado rápidamente y sin apenas diálogo con la sociedad civil, con derechos de los trabajadores conquistados durante décadas.
Como dumping social puede definirse un tipo de competencia desleal basada en la explotación y los bajos salarios de los trabajadores.
La declaración sociolaboral del Mercosur fue elaborada en 1998 y actualizada en 2015, indicó.
Ante la pregunta de si Brasil está violando una normativa del Mercosur, Murro dijo que Uruguay quiere "analizar esto junto con Brasil, (que) tiene, como país, en la medida en que funcione su sistema democrático institucional, todas las potestades que puede tener cualquier Estado soberano, pero los demás Estados también tenemos el derecho de defendernos ante la posibilidad de dumping social de las empresas".
Acciones de Uruguay
Uruguay ha sido de "los primeros en poner este tema arriba de la mesa apenas fue aprobada la reforma en julio pasado en Brasil, hemos hecho diversos eventos en Uruguay y en el exterior", afirmó Murro.
"Para nosotros este es un tema trascendente porque Brasil es un país muy grande, muy importante, al cual queremos mucho, pero también queremos que se respete los derechos de los países más pequeños y en particular los derechos de los trabajadores y las empresas uruguayas", aseguró el secretario de Estado.
En agosto pasado Murro y el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa enviaron una nota a Brasil, por ser el país que ejerce la presidencia temporal del Mercosur, solicitando una convocatoria de los órganos sociolaborales del bloque, advirtiendo que la reforma brasileña podría afectar a Uruguay.
Como consecuencia de esos hechos, la Cancillería de Brasil convocó al embajador uruguayo en Brasilia, Carlos Amorín, para pedir aclaraciones.
Sin embargo, inmediatamente Brasilia dio por zanjado el roce diplomático.
Al ser consultado sobre si el Gobierno uruguayo ha tenido repuesta de su par brasileño sobre su preocupación sobre el impacto en el país de la reforma laboral, Murro indicó que ambas administraciones tendrán una instancia para dialogar del tema a fines de noviembre, principios de diciembre cuando se reúna la Comisión Sociolaboral del Mercosur.
El Gobierno de Temer considera esta reforma como uno de los pilares de su política económica y un aspecto clave para estimular la creación de empleo, mientras que la oposición critica que se haya procesado rápidamente y sin apenas diálogo con la sociedad civil.
