La imputación se produce en el marco de la querella presentada por la Fiscalía General del Estado por la concentración frente a la sede de la consejería de Economía.
Según informan la policía catalana "acudirán a la Audiencia Nacional para demostrar que han cumplido las órdenes de Fiscalía y jueces".
La magistrada entiende que los hechos pueden ser constitutivos de delito de sedición por ir "dirigidos a romper la organización territorial del Estado".
La descripción del delito de sedición en el Código Penal —recogido en el artículo 544 y penado con hasta 15 años de cárcel— "encajará en las conductas materiales descritas en el delito contra la forma de gobierno si los actos se ejecutan con el propósito de cambiar ilegalmente la organización del Estado", señala el auto.
Este delito se aplica a quienes "se alcen pública y tumultuariamente" para "impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes", o para "impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".
