Según consta en un auto emitido el 3 de octubre, el TSJC requiere al coronel Diego Pérez de los Cobos —encargado de coordinar las acciones de Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra (la policía autonómica catalana)— que dé cuenta "del plan de coordinación previsto para la jornada del pasado 1 de octubre".
Además, el TSCJ pide al mando policial hacer entrega de "una relación de los incidentes de los que se tenga conocimiento que fueron produciéndose a lo largo de la jornada en el transcurso de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
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Según datos del Departamento de Salud del Gobierno catalán, las cargas policiales de los agentes —que tenían órdenes judiciales para impedir el referéndum del 1 de octubre, considerado ilegal por el Tribunal Constitucional— provocaron que 893 personas tuvieran que ser atendidas por los servicios de emergencias.
El Gobierno catalán presentó una denuncia contra las cargas policiales, que está siendo analizada en una causa separada a aquella en la que se solicitó información al encargado de dispositivo.
En el marco del caso referente a la denuncia del Gobierno, la Fiscalía presentó un escrito en el que asegura que el dispositivo policial "no afectó en absoluto a la convivencia ciudadana".
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